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Entre organismos descentralizados y municipios, la revisión de la Cuenta Pública 2022 tiene observaciones por 181 mil 581 pesos. En Tula de Allende y Tizayuca se encuentra el mayor número de entes cuyas auditorías arrojaron observaciones en su gasto y autorizaciones de dispensas en los pagos de sus servicios, lo que significa afectaciones para sus ingresos.
Si bien en Tula de Allende en su Cuenta Pública de 2021, la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) detectó afectaciones por un monto de 60 millones 940 mil pesos, derivado de una auditoría excepcional por los recursos extraordinarios destinados para la atención de las inundaciones del septiembre de ese año.
Para este 2022, se le observaron 2 millones 007 mil pesos al ayuntamiento que dirigió el perredista Manuel Hernández Badillo. Y según la lista de observaciones también se observó en el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tula un millón 085 mil pesos; mientras que la Comisión de Agua y Alcantarillado del municipio de Tula de Allende recibió observaciones por 6 millones 074 mil pesos. Las tres dependencias tienen que aclarar las cuentas antes de que concluya el 2023.
Si bien el ex edil tulense Manuel Hernández se encuentra vinculado a proceso por el delito de peculado por un monto cercano a los 61 millones de pesos, estos podrían aumentar de no justificar todos los recursos en tiempo y forma; al igual que para la directora del DIF municipal. En el caso de Tizayuca enfrentan problemas graves en la revisión de su cuenta pública en 2022.
Las observaciones no sólo están en los ayuntamientos, también están sobre los Sistemas para el Desarrollo de la Familia municipal, que opera la hermana de la alcaldesa y las instituciones operadoras del agua y alcantarillado; y se añade el Instituto Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda.
En Tizayuca son cuatro las dependencias que tienen observaciones y el monto llega a los 52 millones 428 mil 098 pesos. Y si bien la alcaldesa morenista Susana Ángeles administra el ayuntamiento gracias al voto directo de la ciudadanía, en el caso del DIF lo encabeza su hermana Adriana Angelica Ángeles.
En tanto, el Instituto Municipal para el Desarrollo Urbano de la Vivienda está a cargo de su ex esposo Jorge Luis Martínez Ángeles y las observaciones refieren un monto de 24 millones 210 mil 491 pesos, este último el más alto en el municipio, y es cerca del 50 por ciento del global. Otro de los municipios que enfrenta fuertes observaciones es Pachuca por un monto de 29 millones de pesos; Mineral de la Reforma refiere un monto cercano a los 10 millones de pesos, que junto con Progreso de Obregón se encuentran entre los montos más altos en tener que solventar.
En el caso particular de este último municipio que encabeza Armando Mera Olguín se describe que son 6 millones 056 mil pesos por se encuentran en el rubro de falta u omisión de documentación en 22 documentos, y en dos millones es por inexistencia o deficiencia en el control de custodia de bienes muebles e inmueble s. En el caso de un millón de pesos más es porque no se tramitaron los dictámenes para los permisos y derechos de los inmuebles para ejecutar obra pública.
