Leslie es una sobreviviente de ataque con ácido que desde hace ocho años busca justicia sin hasta ahora lograrlo porque la presunta autora intelectual está libre, el atacante muerto, el único testigo fue asesinado, y ahora, quedó absuelto un policía de investigación que le pidió dinero a cambio de ofrecerle medidas de protección.
El ácido muriático le quemó las manos, los brazos, la espalda y el rostro aquel 26 de agosto de 2015 cuando salió de su trabajo. Con el tiempo, Leslie Moreno Muñoz decidió visibilizar su caso y las irregularidades que han cometido las autoridades procuradoras de justicia.
La más reciente fue la absolución de Victorino, un agente de investigación en la Procuraduría General del Estado de Hidalgo (PGJEH), a quien Leslie denunció por cohecho agravado luego de que le solicitó más de 10 mil pesos a cambio de protección y también de no compartirle información a K.E.O., la mujer que presuntamente maquinó el ataque.
A pesar de esta última resolución que dejó en libertad y sin responsabilidad penal al trabajador de la PGJEH, Leslie sigue en espera de justicia por el ataque con ácido, aunque con preocupación porque en el próximo año se cumple una década de los hechos y el delito podría prescribir.
“Me parece increíble como el propio sistema enmascara la injusticia como justicia. Las leyes no están mal, lo que está mal son quienes las ejercen cuando nos encontramos con gente corrupta, que haría cualquier cosa por dinero, estoy decepcionada y me siento vulnerada en mis derechos”.
En diciembre de 2018 Leslie recibió intimidaciones de muerte de K.E.O., quien ya era la principal sospechosa del ataque. Por eso inició una denuncia por amenazas y así fue como conoció al agente Victorino.
El colaborador de la Procuraduría se encargaría de averiguar los hechos, pero le pidió dinero para gasolina y copias, también para empezar el trámite de sus medidas de protección. Ella le entregó 700 pesos sin saber que la asistencia era gratuita.
Con el tiempo, Leslie dijo que Victorino le advirtió que los pagos serían mensuales y que K.E.O. lo había contactado para ofrecerle 10 mil pesos a cambio de desvirtuar las acusaciones, así es que esperaba una contrapropuesta para continuar la indagatoria por amenazas.
Inconforme, Leslie lo denunció en la Fiscalía Anticorrupción por cohecho agravado, un delito que comete el “servidor público que por sí o por interpósita persona, solicite, reciba o condicione ilícitamente para sí o para otro, dinero o cualquier beneficio, o acepte una promesa para hacer o dejar de realizar funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión”, como lo indica el artículo 307 del Código Penal para el Estado de Hidalgo.
“Yo denuncié y lo pusieron sobre aviso, empecé a recibir llamadas en múltiples ocasiones de esta persona. ¿Cómo es posible que un sistema anticorrupción en lugar de velar por la víctima le avise al delincuente que lo están denunciando? Nosotros, como víctimas, nos volvemos más vulnerables.”
El caso se judicializó bajo la causa penal 984/2021; incluso, el juez de control José Daniel Olvera Montaño vinculó a proceso al agente Victorino y le negó la suspensión condicional del proceso porque el delito excedía los cinco años de pena.
Victorino apeló la decisión y la magistrada Rosalba Cabrera Hernández, entonces titular de la Sexta Sala Unitaria del Sistema Penal Acusatorio en Hidalgo, le concedió la salida alterna y le ordenó la reparación del daño.
Inconforme con el pago, el agente acudió esta vez al Poder Judicial de la Federación (PJF) donde un juez de distrito le otorgó la protección y le quitó a Leslie la calidad de víctima por haberle pagado 700 pesos al inicio.
“Yo no sabía que las medidas de protección no tenían costo, yo no tengo estudios en leyes, no soy abogada. Yo lo único que quería era mi seguridad, por mi desesperación yo le di los 700 pesos (…) yo lo que buscaba era no vivir amenazada”.
El sobreseimiento de cohecho tiene la validez de una sentencia absolutoria para el agente Victorino. Leslie no obtuvo justicia y algo similar ocurre en los demás casos que lleva respecto al ataque con ácido.
Hace un año, el 23 de marzo de 2023 fue detenida K.E.O., pero el día 29 el juez de control David Adrián Martínez Santiago dictó un auto de no vinculación a proceso, ordenó su liberación y continuar los actos de investigación de la causa 386/2023.
Para agosto del mismo año, K.E.O. regresó nuevamente a los juzgados, pero esta vez con la jueza Karina Vértiz Marín, quien resolvió nuevamente no vincular con el argumento de que el Ministerio Público no acreditó que la imputada indujo a una tercera persona al ataque con ácido muriático.
En agosto de 2024, se cumplirán nueve años de la agresión. La investigación sigue, pero el testigo de los hechos fue asesinado en julio del año pasado, solo dos días después de realizar a través de una cámara Gesell la identificación de la presunta autora intelectual, comentó Leslie.
También perdió la vida el individuo que presuntamente perpetró el ataque. Finalmente, Leslie mencionó que teme por su vida y la de sus seres queridos porque K.E.O. continúa en libertad.
“K.E.O. sigue libre, yo quiero dejar bien asentado que cualquier cosa que me pase a mí, a mi familia o a mis seres queridos, la responsable es K.E.O., esta persona me ha amenazado de muerte”.