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La falta de seguimiento y vigilancia a las medidas de protección para Rosaura, la mujer asesinada por su expareja -un expolicía municipal de Mineral de la Reforma- fue una de las negligencias por parte del Estado que terminó en un feminicidio.
Así lo indicó en entrevista Alan Javín Álvarez Ríos, titular de la Dirección Ejecutiva de Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos A.C. (Seiinac), organización que centra su enfoque en la exigencia de vidas libres de violencia para niñas, niños, adolescentes y mujeres.
Datos hemerográficos que Seiinac compila diariamente y desde hace 13 años, revelan que del 1 de enero al 5 de febrero de 2025, se registraron ocho muertes violentas de mujeres que tienen elementos para acreditar razones de género y que se investiguen como feminicidios.
Si bien, los casos representan un detrimento respecto a los 13 contabilizados en el mismo periodo, pero del 2024, Álvarez Ríos explicó que la mayoría de los registros el año pasado no reflejaban visiblemente elementos de género o estuvieron relacionados con accidentes automovilísticos.
Contrario a ello, los ocho de la anualidad en curso muestran violencia. Uno de ellos, es el feminicidio registrado el 5 de febrero en la localidad de Azoyatla en agravio de Rosaura, quien fue privada de la vida junto con tres de sus familiares.
El presunto responsable es Marco Antonio N, un expolicía municipal, que actualmente trabajaba en una compañía de seguridad privada y quien había estado en el Cereso por previas agresiones contra Rosaura, según confirmaron autoridades de la alcaldía de la Reforma y de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH).
En este caso, Álvarez Ríos visibilizó una serie de negligencias, una de ellas es que el victimario al ser detenido portaba un uniforme policial, usurpando funciones que ya no le correspondían.
De igual manera, cuestionó el seguimiento a las medidas de protección para Rosaura, tomando en cuenta que el agresor conocía el uso de armas por el cargo que tuvo, situación que aumentó el nivel de riesgo; aunado a los antecedentes de violencia que ya había ejercido contra la víctima, explicó.
“Hay varios elementos que necesitan ser clarificados, pero me parece que el más grave es que no haya tenido medidas de protección integral que pudieran haber evitado este posible feminicidio”.
Seiinac señaló que es preocupante que los hechos violentos se conviertan “en una constante y que los esfuerzos actuales no sean tangibles” y que esto permita que “la violencia siga creciendo con el tiempo”.
