La Visitaduría Judicial determinará si incurrió en falta administrativa la jueza Janet Montiel Mendoza, quien avaló la suspensión condicional del proceso que implicó la libertad de Marco Antonio N, el expolicía que asesinó a su expareja y a tres integrantes de la familia.
La juzgadora se postuló para contender por un cargo en el Poder Judicial de la Federación (PJF), pero en los listados finales su nombre ya no figuró; además, el pasado 13 de febrero fue señalada en una reunión entre autoridades estatales y ciudadanos denominada “Jornadas por la Paz”.
En dicho lugar, la amiga de Rosaura, la mujer asesinada el pasado 5 de febrero, responsabilizó de dejar libre al agresor a la juzgadora adscrita al Centro de Justicia para Mujeres, a donde fue enviada en 2023, cuyo cambio coincidió con la resolución de no vinculación a proceso para el empresario Williams Trejo y su esposa, señalados en ese momento por presuntos delitos sexuales contra dos niñas.
El mismo 13 de febrero, Rebeca Stela Aladro Echeverría, titular del Poder Judicial del Estado de Hidalgo (PJEH), indicó que la jueza actuó conforme a lo que la ley permite; sin embargo, recién anunció que se le daría vista a la Visitaduría Judicial, que entre su competencia verificar el debido funcionamiento de los juzgados de primera instancia.