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Hace dos años un desconocido tocó la puerta de la casa de María del Carmen, cuando ella abrió el portón recibió la noticia: su hijo Jorge, de 37 años, había perdido la vida tras ser detenido y trasladado a la barandilla del municipio de Mineral de la Reforma.
Por este caso hay una investigación en la Procuraduría estatal en contra de policías y un médico, pero la madre acusó que el asunto de su familiar continúa impune porque no hay detenidos.
Entre 2020 y lo que va de 2024, juzgadores del Poder Judicial del Estado de Hidalgo (PJEH) sentenciaron a 11 hombres y una mujer por abuso de autoridad, situación que ocurre cuando un servidor público ejerce violencia hacia una persona sin causa legítima, pero también cuando niegan el auxilio.
Entre estas sentencias no está el caso de María del Carmen Rodríguez Salinas y de su hijo Jorge que trabajaba como franelero en los estacionamientos de las plazas y calles de la metrópoli.
La última vez que vio a su familiar con vida fue la tarde del 21 de agosto de 2022. Aquel domingo comieron juntos, platicaron y se despidieron. El aviso sobre la muerte de su hijo llegó un jueves, cuatro días después de la comida que días antes compartieron.
“Me fueron a buscar a mi casa para avisarme que mi hijo había fallecido, que lo fuera a recoger al Semefo porque si no, lo iban a echar a la fosa común”.
Tras la muerte de Jorge, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) inició una queja de oficio a raíz de la publicación de notas periodísticas que reportaban el deceso al interior de la barandilla.
A esta área de detención el hombre fue trasladado por la falta administrativa de dormir en vía pública como lo indica el expediente CDHEH-VG-1512-22. Mientras que María del Carmen reconoció que su hijo estaba en una situación vulnerable, que carecía de trabajo y que por eso era franelero en las calles.
Jorge ingresó en calidad de desconocido porque al momento de su detención y de la revisión médica no logró dar sus datos generales porque presuntamente se encontraba bajo los influjos de sustancias psicotrópicas.
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Los reportes que la Secretaría de Seguridad de Mineral de la Reforma envió a la CDHEH para intentar aclarar el asunto, narran que Jorge cayó al suelo durante su estancia y que se golpeó con la taza del baño, que presuntamente los policías lo levantaron, abrigaron y que lo dejaron en la celda, momentos después, lo encontraron sin signos vitales.
Policías involucrados en la detención y algunos otros encargados de vigilar las celdas dieron reportes contradictorios; mientras que unos resaltaron la agresividad de Jorge, otros señalaron que no se comportó agresivo y que la mayoría del tiempo permaneció con la cabeza agachada.
La CDHEH resolvió que los servidores públicos vulneraron el derecho de Jorge a la suficiente protección ya que desde la detención, los oficiales observaron que no estaba en pleno uso de sus facultades; mientras que el médico no realizó una revisión completa al detenido.
Además, la Comisión visibilizó otro factor: fue verdad que a Jorge lo encontraron acostado en vía pública, pero fue porque unos minutos antes personas lo bajaron de una camioneta y lo golpearon hasta dejarlo inconsciente en la colonia 11 de Julio, según un reporte telefónico al 911.
María del Carmen comentó que la causa de muerte de su hijo fue un edema cerebral, que coincide con el protocolo de necropsia que la Procuraduría de Hidalgo le reportó a la CDHEH; sin embargo, en el documento también se estableció que “la presencia del edema fue altamente probable por el uso de drogas de abuso”.
Jorge perdió la vida el 22 de agosto de 2022, su madre se enteró hasta el día 25 cuando abrió la puerta de su casa y recibió la notificación de las autoridades procuradoras de justicia.
La madre acusó que no hay avance en las investigaciones y tampoco detenidos, teme que debido a que ya pasaron dos años, las personas involucradas no sean localizadas.
Por casos de abuso de autoridad, que también ocurren cuando un servidor público indebidamente retarda, niega la protección o servicio que tenga la obligación de brindar como lo que le ocurrió a Jorge, existen seis sentencias.
Las estadísticas del Poder Judicial estatal revelan que, del 1 de enero de 2020 al cierre de agosto de 2024, emitió seis sentencias por abuso de autoridad; de las cuales, dos fueron absolutorias, lo que significa que los servidores públicos no eran culpables.
Los cuatro restantes resultaron condenatorios y se dictaron en contra de 12 personas: 11 hombres y solo una mujer. Tres de los sentenciados tenían 24 años al momento de recibir su resolución, por lo que este rango de edad fue el de mayor incidencia.
Respecto a las sanciones impuestas, los jueces emitieron tres sentencias con penas de uno a dos años y la restante de seis meses y hasta un año.
Lo anterior, refleja que se trata de las condenas mínimas ya que el Código Penal para el Estado de Hidalgo contempla de uno a ocho años de prisión a quien cometa el delito de abuso de autoridad.
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¿QUÉ ES EL ABUSO DE AUTORIDAD?
El artículo 301 del Código Penal para el Estado de Hidalgo contempla 10 supuestos sobre abuso de autoridad.
Este delito lo comete el servidor público que incurre en las siguientes conductas:
1. Pedir auxilio a la fuerza pública para impedir la ejecución de una ley, decreto, reglamento o cumplimiento a una resolución judicial
2. Que ejerciendo sus funciones realice violencia a una persona sin causa legitima, la vejare o la insultare
3. Cuando indebidamente retarde o niegue la protección o servicio que tenga la obligación de dar
4. Si un servidor es requerido legalmente por una autoridad competente para que preste auxilio y se niegue
5. Cuando obtenga, exija o solicite sin derecho alguno o causa legítima, parte o la totalidad del sueldo de uno o más de sus subalternos
6. Que haga que se le entreguen fondos, valores u otra cosa que no se le haya confiado a él y se los apropie
7. Que reciba como presa, detenida, arrestada o interna a una persona o la mantenga privada de su libertad, sin dar parte del hecho a la autoridad correspondiente; niegue que está detenida o no cumpla la orden de libertad
8. Si contrata a quien se encuentre inhabilitado por resolución firme de autoridad para participar en procedimientos de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas o servicios
9. Obligue al imputado a declarar o comparecer a cualquier actuación sin presencia de un abogado defensor
10. Omita realizar el registro inmediato de la detención de una persona o registre datos falsos
