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Israel Camacho, uno de los pasajeros lesionados que viajaba en la combi que chocó el pasado fin de semana una semana sobre el bulevar Santa Cararina, exigió el pago de los gastos médicos, así como el retiro de permiso al concesionario de la ruta Amaque-Providencia-Centro.
Afuera de las instalaciones de la Secretaría de Movilidad (Semot) de Hidalgo, Israel junto con otras víctimas como Paola Martínez, acusaron que hasta el momento no han obtenido repuesta de las autoridades de justicia ni de transporte, a pesar de que el choque dejó a dos personas sin vida.
Con raspones en los dedos, una herida en el hombro derecho que comienza a cicatrizar y la mano enyesada, Israel recordó que el chofer de la combi conducía a exceso de velocidad y que el accidente sucedió cuando le intentó ganar el paso a una pipa.
En más de una ocasión y antes del choque, Paola dijo que otros pasajeros ya le habían pedido al chofer bajar la velocidad, pero no lo hizo.
“Iba rapidísimo, iba muy rápido, se frenaba de golpe, ya le habían dicho que bajara la velocidad, pero sentí que hasta más le metió. Ya nada más sentí el golpe y empezó a girar la combi”.
Aquel sábado 29 de junio, al conductor del transporte público lo habrían contratado solo ese día y por eso no tenía licencia de conducir, lo que propició que la aseguradora no respondiera por los daños.
Israel estimó un gasto de más de 20 mil pesos por revisiones médicas en un hospital particular; mientras que Paola mencionó que su diagnóstico fue un esguince de segundo grado en las cervicales, cuya atención le costó alrededor de 5 mil pesos.
“Queremos que nos digan qué va a pasar, no fue barato pagar nuestros gastos, queremos que nos respondan y saber quién es el dueño de la concesionaria porque no nos dan respuesta”, dijo Paola e Israel agregó: “es responsabilidad del concesionario porque ellos lo permiten, suben a los choferes sin licencia”.
Respecto a las posibles sanciones de carácter penal, Israel y Paola coincidieron en que los contactó personal del Ministerio Público para avisarles sobre una audiencia, pero acusaron que los citaron cinco minutos antes, por lo que no llegaron a tiempo, así es que desconocen el estatus del proceso judicial.
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