En sesión ordinaria, el Ayuntamiento de Tula de Allende autorizó el pago de 3 millones de pesos a Eliseo Segura Jiménez, quien fungió como exdirector de Protección Civil y tras un juicio laboral interpuesto contra el municipio se le dio la razón.
Con unanimidad de votos se aprobó que el alcalde Cristhian Martínez Reséndiz firme el convenio sustituto de ejecución de la sentencia derivado de los procedimientos laborales 49/2023 y 780/ 2021, que fueron llevados en el Primer Tribunal Laboral Federal, esto para pagarle al exfuncionario.
Se indicó que el monto será de 15 mil pesos mensuales, durante los próximos 15 años. Eliseo Segura ostentó el cargo durante diez años como directivo de PC en el municipio, pero no se le pagó la prestación de seguridad social y ahorro para el retiro, por lo que demandó ante un juzgado federal.
Se explicó que de no cumplir con este acuerdo, se tendrían que pagar 33 millones de pesos como contraprestación que exige el Instituto Mexicano del Seguro Social (por multas, recargos e incumplimiento) y desde junio de 2022 el tribunal federal falló contra el municipio. El recurso total solicitado es de 200 mil pesos por concepto de prestaciones retroactivas, 15 mil pesos mensuales y un aguinaldo de 15 mil pesos anuales.
Los regidores aprobaron la firma del convenio para ya no retrasar el problema.
En la misma sesión, la Asamblea Municipal aprobó el pago de nueve ex policías despedidos en el gobierno 2021-2022 por no aprobar los exámenes de control y confianza. Las demandas se interpusieron ante el Tribunal Administrativo estatal.
Los regidores aprobaron la determinación de pagar los montos heredados, pero se insistió en la necesidad de contar con un esquema de servicio profesional de carrera para evitar despidos constantes y sumar a la administración a personas recomendadas o por compadrazgo.
Entre los primeros puntos que se abordaron en la sesión, se probó la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, sobre la reforma al Poder Judicial del Estado de Hidalgo, que fue enviada por la 65 Legislatura del Congreso del Estado de Hidalgo.
En este contexto, algunos regidores señalaron desconocer que es una reforma estatal y no federal.
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