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El Ministerio Público (MP) de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) no logró la primera vinculación a proceso en contra de Omar N, Ricardo N y Diana N, los presuntos responsables del asesinato de tres mujeres en el municipio de Santiago Tulantepec; sin embargo, realizó una segunda acusación que actualmente mantiene a los imputados en prisión.
En la última semana de julio, dos hermanas y una amiga fueron asesinadas al interior de un departamento en la colonia San Isidro. Los cuerpos tenían signos de violencia, además, una de las jóvenes estaba embarazada con 16 a 18 semanas de gestación.
Derivado de los hechos, en la primera semana de agosto fueron detenidos durante un operativo tres personas: Omar N, de 25 años originario de Santiago Tulantepec; Ricardo alias “El Richard” de 39 años oriundo de Tulancingo y Diana N, presunta cómplice de 27 años proveniente de Veracruz.
Los tres detenidos fueron puestos a disposición de un juez de control del distrito judicial de Tulancingo. En los juzgados, el MP les imputó hechos que la ley señala como homicidio y aborto.
La audiencia continuó la tarde del sábado 10 de agosto, pero la jueza decidió no vincular a proceso a ninguno de los tres presuntos implicados y les dictó inmediata libertad.
Sin embargo, antes de que los dos individuos y la mujer salieran del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Tulancingo, se les ejecutaron nuevas órdenes de aprehensión; esta vez, sí se incluyó el delito de feminicidio.
Por ello, durante el domingo 11 de agosto, fueron presentados nuevamente ante los juzgados, donde el Ministerio Público les formuló una nueva imputación.
A Omar N lo acusaron por hechos que la ley señala como feminicidio y aborto forzado en contra de la víctima de nombre Guadalupe, quien estaba embarazada.
Mientras que a Ricardo N y Diana N los señalaron por homicidio doloso calificado, así como aborto forzado en agravio de las víctimas: Yesenia, Vivian, así como Guadalupe.
Tras escuchar esta segunda acusación y la reclasificación que hizo la Procuraduría, los tres imputados pidieron 144 horas para resolver su situación jurídica.
Cuando concluya ese plazo, un juez de control determinará si dicta nuevamente libertad o si esta vez otorga una vinculación a proceso; mientras tanto, los tres permanecerán en prisión.
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