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El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Hidalgo podría ser el ente que resuelva si los integrantes del Ayuntamiento del periodo 2016-2020 de Tulancingo, que fueron observados por recibir un bono por un monto total de 1.8 millones de pesos, deberán o no regresar a la alcaldía municipal y comprobar el recurso.
En entrevista para El Universal Hidalgo, Salvador González Cruz, contralor municipal, dio a conocer que, derivado de la observación que realizó la Secretaría de la Contraloría Estatal, se da seguimiento al caso que tuvo una audiencia interna el pasado martes 03 de junio; sin embargo, regidores pidieron una prórroga y otros no se presentaron.
"Se pide la devolución completa porque no debieron de haber autorizado en cabildo y después lo cobraron, el monto de puro bono era cerca de dos millones de pesos", explicó.
El síndico expresó que existe una controversia entre ambas partes. La observación de la Contraloría del estado fue realizada al municipio del ejercicio fiscal 2020 y se notificó al municipio en el 2021.
Fue a partir del 2022 que se inició con la notificación de manera personalizada a cada ex integrante del Ayuntamiento sobre la situación que pasaría por tres etapas: investigación, sustanciadora y resolutoria.
"Tenemos entendido que más de la mitad tiene el interés por devolver el dinero, pero hasta el momento ninguno lo ha realizado", describió.
La Asamblea Municipal en Tulancingo está conformada por 18 personas con cargo de regidor, dos sindicaturas y el alcalde municipal, que en total suman 21 cargos.
Se conoció que dicho bono, pese a la aprobación de cabildo, no fue aceptado desde el principio por cuatro ediles, entre ellos, Erika Solano Hernández, Juana Cruz Islas, Sinuhe Jorge Aldrete y Fernando Lemus Rodríguez, a quienes la misma contraloría municipal informó sus nombres, ya que no enfrentan proceso alguno. Sin embargo, el resto deberá justificar la dieta que recibieron.
