El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Hidalgo podría ser el ente que resuelva si los integrantes del Ayuntamiento del periodo 2016-2020 de Tulancingo, que fueron observados por recibir un bono por un monto total de 1.8 millones de pesos, deberán o no regresar a la alcaldía municipal y comprobar el recurso.
En entrevista para El Universal Hidalgo, Salvador González Cruz, contralor municipal, dio a conocer que, derivado de la observación que realizó la Secretaría de la Contraloría Estatal, se da seguimiento al caso que tuvo una audiencia interna el pasado martes 03 de junio; sin embargo, regidores pidieron una prórroga y otros no se presentaron.
El síndico expresó que existe una controversia entre ambas partes. La observación de la Contraloría del estado fue realizada al municipio del ejercicio fiscal 2020 y se notificó al municipio en el 2021.
Fue a partir del 2022 que se inició con la notificación de manera personalizada a cada ex integrante del Ayuntamiento sobre la situación que pasaría por tres etapas: investigación, sustanciadora y resolutoria.
La Asamblea Municipal en Tulancingo está conformada por 18 personas con cargo de regidor, dos sindicaturas y el alcalde municipal, que en total suman 21 cargos.
Se conoció que dicho bono, pese a la aprobación de cabildo, no fue aceptado desde el principio por cuatro ediles, entre ellos, Erika Solano Hernández, Juana Cruz Islas, Sinuhe Jorge Aldrete y Fernando Lemus Rodríguez, a quienes la misma contraloría municipal informó sus nombres, ya que no enfrentan proceso alguno. Sin embargo, el resto deberá justificar la dieta que recibieron.