Como un acto de castigo, manipulación y supresión, así como para evitar dar la pensión alimenticia, en Hidalgo, ya se cuentan en miles los casos en el que mujeres sufren las represalias de sus ex parejas a través de la limitación de convivencia o desaparición de sus hijos, valiéndose de autoridades que se presume están a favor de la protección y bienestar de las familias, de niñas, niños y adolescentes.
Mayte Meneses, quien lidera el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria (FNVV), en Hidalgo; señaló que la violencia institucional ha sido el principal factor para que madres se separen de sus hijos y se justifique el actuar de los padres de familia varones, quienes han incurrido en actos de corrupción.
Hizo llamado a jueces, magistrados, secretarios de acuerdos y fiscalías para aplicar la ley y no interpretarla a favor de quien más convenga por tener el poder adquisitivo, político o compadrazgo.
Puntualizó el caso de Karla Río Ramírez, víctima y sobreviviente vicaria, quien denunció que Alison Fernanda, su hija, está ilocalizable y pese a ya haber denunciado, las autoridades aún no han emitido la alerta Amber, por lo que pidió a Beatriz López del Mazo de la Fiscalía de Delitos Sexuales y contra la familia, en Pachuca, agilice el trámite de búsqueda.
Mayte Meneses, quien es conocida por haber tocado las puertas del Senado de la República para reencontrarse con sus hijas, después de que fueron sustraídas por el padre, aún está en la lucha para que no exista la revinculación con el agresor por medio del tribunal.
En septiembre de este año, el FNVV en Hidalgo, ya tenía conocimiento de la existencia de al menos mil 500 casos de mujeres que se encontraban separadas de sus hijos, adjudicando que las madres son incapaces económica, moral, psicológica y patrimonialmente.
El común entre las víctimas es el haber sido dependientes económicas del cónyuge, tolerancia de violencia física por años y no cuentan con red de apoyo familiar.