Nicolás, Pedro y Orlando son parte de los 176 protestantes cristianos que el 27 de abril de 2024 fueron orillados a dejar las comunidades indígenas de Coamila y Rancho Nuevo, en Huejutla por profesar una religión distinta a la católica.
Desde entonces han pasado cinco meses y los integrantes de la Iglesia Bautista Fundamental La Gran Comisión, viven refugiados en un auditorio de la región Huasteca y no pueden regresar a sus casas ante las amenazas de algunos feligreses y por la invasión de sus viviendas que no tienen agua ni luz.
Representantes cristianos, católicos, autoridades municipales de Huejutla y de la Secretaría de Gobierno de Hidalgo firmaron un acuerdo de paz el pasado 19 de septiembre en el que se estableció el retorno de los desplazados y el compromiso de ambas partes para respetar el derecho de creencia religiosa.
Para el 7 de octubre los protestantes intentaron regresar, pero encontraron sus casas con candados, los patios invadidos con camionetas, cables de luz destrozados y los tinacos rajados con machetes.
La comunidad de protestantes cristianos teme que las amenazas sigan y que el conflicto cobre la vida de alguna persona porque no hay medidas de protección o patrullajes, por eso consideran que con el convenio no se les garantizó su seguridad.
Tampoco hay avances en al menos seis carpetas de investigación por los delitos de despojo, daño a la propiedad y discriminación que los afectados iniciaron en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJEH).
Esta problemática se agudizó hace cinco meses con el desplazamiento, pero data de casi una década atrás; incluso, el caso de los pobladores desplazados de Coamila y Rancho Nuevo será presentado antes de que concluya este 2024 en un informe internacional sobre libertad religiosa que elabora la Embajada y Consulados de Estados Unidos en México.
Nicolás Hernández Solorzano es originario de Coamila y creé que la justicia celestial se encargará de lo que padece él, su familia y la comunidad de cristianos de la Huasteca. La incertidumbre, dice, es lo que ocurrirá con la justicia terrenal ante el desplazamiento al que fueron forzados
Una de las condiciones para el retorno de los protestantes es el pago de 294 mil pesos por concepto de faenas que corresponden a 18 habitantes de Coamila y 10 de Rancho Nuevo. A cada uno se les pidió 10 mil 500 pesos, dinero que se comprometió a pagar José Alfredo San Román Duval, actual alcalde de Huejutla.
El cobro fue porque presuntamente no realizaron trabajos a favor de la comunidad, aunque Pedro Salazar Hernández, también integrante de la iglesia Bautista, explicó que las faenas sí las realizaron en centros de salud, jardines y escuelas, pero no en los recintos católicos.
La promesa de pago se quedó en manos del gobierno municipal, pero en el convenio del 19 de septiembre también se estableció que las partes involucradas se desistirían “de cualquier cuestión que se haya generado en este conflicto”, por lo que Pedro y Nicolás temen que esto propicie impunidad en las carpetas de investigación.
El gobernador Julio Menchaca Salazar señaló que continuarían los diálogos sin “llegar a ningún extremo que exacerbe los ánimos”, mientras que Guillermo Olivares Reyna, secretario de Gobierno, consideró que es por “deseo” que los desplazados no regresan; contrario a esto, al corte del sábado 12 de octubre los protestantes reportaron que no había garantías porque los pobladores de las localidades seguían con actitudes violentas.