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Luego de varios meses de silencio por parte de la presidenta municipal de Ixmiquilpan, Araceli Beltrán Contreras, explicó que el ex administrador del mercado José María Morelos y Pavón, el cual actualmente se encuentra en prisión, es acusado de usurpación de funciones y es procesado en la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción.
Algunos de los simpatizantes del líder de comerciantes se manifestaron frente al Gobernador, Julio Menchaca, durante un evento que se realizó en el centro de Ixmiquilpan, donde exigían justicia en favor de su compañero detenido.
A través de un video difundido en redes sociales, Beltrán Contreras explicó que entre las inconsistencias realizadas por el ex administrador, de nombre Heberto, fue el incremento del costo del servicio de baños públicos que pasó de un peso a tres, además de no enviar a la Secretaría de Finanzas su informe de gestión hasta que le fue solicitado.
El entonces administrador también presentó una lista del pago de raya al personal, pese a que este es cubierto por el Gobierno Municipal.
Debido a su reiterado incumplimiento en los años 2021 y 2022, se realizó un acta informativa que se negó a recibir, por lo que se inició un procedimiento de investigación.
Luego de que se confirmó su responsabilidad, el 17 de febrero compareció y le fue leída la resolución, debido a que no presentó ningún recurso y finalmente el 23 de marzo le notificaron el cese de sus funciones.
Fue hasta el 30 de marzo que Heberto promovió un amparo ante el Juez de Distrito, el cual determinó como no procedente. Pese a encontrarse destituido y en proceso, el ex administrador continuó realizando actividades propias del administrador en el mercado.
Por ello la alcaldesa dijo que el Ayuntamiento acordó iniciar las denuncias y el 2 de mayo, el síndico jurídico presentó la querella ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, y se inició otra querella por usurpación de funciones.
Finalmente, Beltrán Contreras informó, que actualmente el proceso legal ya está en manos de la Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo (PGJEH), y es la encargada de determinar su situación jurídica.
