La pasada administración municipal de Singuilucan (2020-2024) suspendió definitivamente a 98 personas que trabajaban en la alcaldía bajo el argumento de acumular tres o más faltas consecutivas y sin justificar, de acuerdo con las resoluciones expuestas en la Plataforma Nacional de Transparencia (PTN) en el último cuatrienio.
En la penúltima semana de abril las cuentas financieras de la alcaldía fueron embargadas por un laudo pendiente por pagar de 21 millones 418 mil pesos. Al respecto, la actual alcaldesa Yazmin Dávila López responsabilizó a las administraciones que le antecedieron, la última a cargo del exalcalde Marcos Miguel Taboada Vargas.
En el cuatrienio que gobernó este expresidente emanado del partido Nueva Alianza, cesaron de sus funciones a casi 100 personas con el argumento de faltas injustificadas, una causa prevista en el artículo 40, fracción V, inciso b de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos Estatal y Municipales.
Con fundamento en esta legislación, la alcaldía despidió a 43 personas en el primer año de gobierno, que fue el de mayor incidencia. Los involucrados estaban adscritos al área de la presidencia municipal y eran directores, principalmente.
En el segundo año de gobierno, al menos 22 servidores públicos dejaron de prestar servicio a Singuilucan bajo el mismo argumento: inasistencias que no se justificaron.
Conforme transcurrió la administración, disminuyó el número, ya que en el tercer año de la administración de Taboada Vargas 21 colaboradores fueron dados de baja. Los 12 restantes fueron despedidos antes del cambio de la gestión municipal; es decir, previo al 5 de septiembre de 2024.
La causa del despido de las 98 personas mencionadas fue por las ausencias injustificadas. La Ley antes mencionada indica que el nombramiento o designación de los trabajadores sólo dejará de surtir efectos sin responsabilidad para los titulares de las dependencias por cinco causas: por renuncia, por abandono de empleo o por abandono o repetida falta injustificada.
También por conclusión del término o una obra designada; por la muerte del trabajador; por incapacidad permanente del trabajador, física o mental, que le impida el desempeño de sus labores, y por resolución del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje.
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