A pesar de que han acudido a denunciar la irregularidades cometidas por la administración municipal de Singuilucan, la lentitud de las dependencias estatales y federales en la aplicación de la ley, es tal que los corruptos pueden huir del país sin haber resarcido el daño que ocasionan al pueblo, señaló Mariano Aguilar Meneses, representante de la asociación Singuilucan Justicia Social.
En entrevista para EL UNIVERSAL HIDALGO, el activista afirmó que el actual presidente municipal Marcos Miguel Taboada no pudo comprobar ante la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) las observaciones por 84 millones de pesos, correspondientes a la cuenta pública 2022, por lo que espera se realice la denuncia correspondiente por actos de corrupción y se cuente con una aprehensión, pues son recursos no solventados.
"Quienes están al frente de la administración municipal, nunca han valorado la gran oportunidad que tienen de hacer la diferencia y emprender un proyecto de honestidad, responsabilidad y respeto por el pueblo; que lamentable que esa gente corrupta siga con la idea de que nuestro municipio es una moneda de cambio", expresó.
Mariano Aguilar detalló que derivado de documentación pedida por transparencia son en promedio 109 millones de pesos los que Miguel Taboada debe a Singuilucan, pues además del 2022, también hay otros recursos no comprobados al cien por ciento.
Se acusó que el alcalde, emanado de las filas del Partido Nueva Alianza Hidalgo (PNAH) no hace acto de presencia en palacio municipal, pero se le ve paseando en otros lugares.
En el caso del ex alcalde José L., quien fue detenido por actos de corrupción durante su administración municipal, el representante de Singuilucan Justicia Social, detalló que aplicó desvío de recursos con respecto a la planta de tratamiento de aguas residuales, construcción de casas de salud y baños, pero “tuvieron que pasar 10 años para dar respuesta a las denuncias ciudadanas”, dijo.
"Qué pena que actúen con tanta lentitud, Singuilucan está olvidado aun cuando la ciudadanía evidenciamos irregularidades", expresó Mariano Aguilar.
En opinión del activista social, consideró que sería incongruente del gobierno estatal, expusiera a funcionarios de incumplimiento y después aplique el "Criterio de Oportunidad" como lo anunciado por Santiago Nieto Castillo, encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) porque son personas que cometen un delito.
"Más aún si se tratara de un alcalde como Miguel Taboada que es recurrente", expusó.