A 10 meses de haberse librado ordenes de aprehensión en contra de Federico N., excolaborador Guillermo “Billy” Álvarez Cuevas de quien se ostentó como su sucesor como presidente de Cooperativa Cruz Azul, no ha sido detenido ni ha buscado de nuevo la protección de la autoridad judicial federal para evitar ser detenido.
En marzo de 2023 fue desechado un amparo con el que buscaba burlar alguna orden de aprehensión girada en su contra, y posteriormente un juez de control giró instrucciones de detenerlo, lo cual no ha ocurrido, por presuntamente haber cometido el delito de fraude procesal en agravio de la empresa productora de cemento. Asimismo, el investigado no ha vuelto a solicitar la protección de la autoridad judicial federal.
De acuerdo con las investigaciones, Federico N. junto con diferentes abogados son señalados de haber cometido dicho acto delictivo al haber celebrado un laudo arbitral reclamando la propiedad de todos los activos de Cruz Azul, en el que el excolaborador de Álvarez Cuevas ganó ante dos personas ajenas a la cooperativa y así fue como asumió el cargo del presidente del Consejo de Administración.
Por estos hechos, Luis Miguel Campos Díaz de la Vega, abogado de Billy, fue vinculado a proceso el 18 marzo de 2023, por presuntamente haber diseñado el esquema de defraudación procesal.
Ese mismo día fueron detenidos Pedro Pablo “N”, quien presuntamente actuó como demandante y supuesto dueño de la cooperativa; Jorge Enrique “N”, fungió como árbitro en el fraude; y Janitzio “N”, quien participó como representante legal de Federico Sarabia y Díaz de la Vega.
La última persona que fue aprehendido por este conflicto es Humberto Guadalupe T.G., aprehendido el 3 de enero pasado en Oaxaca, y es acusado del delito de asociación delictuosa en agravio de la Cruz Azul. Asimismo, se le relaciona con Billy, quien está prófugo de la justicia.
En 2020 endureció el conflicto en la cooperativa y derivó en la renuncia de Guillermo Álvarez, tras haber sido acusado de desvío de dinero de la empresa productora de cemento, administración fraudulenta y participación en operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Esto generó una disputa entre grupos internos de cooperativistas encabezados por Federico S., que tienen el control de la planta en Tula, y Víctor Velázquez. El paro de actividades en la empresa ha afectado también a 11 cooperativas proveedoras (cerca de 5 mil personas) que laboraban directa e indirectamente con estas cooperativas.
En noviembre del año pasado, la Cámara de Diputados exhortó al gobierno de Hidalgo, encabezado por Julio Menchaca Salazar, a recuperar la planta productora. Al respecto, el gobernador morenista respondió que se trata de un conflicto entre particulares que implica más 100 juicios de carácter civil, penal y mercantil. Además, recordó que el conflicto transcendió al ámbito penal, debido al enfrentamiento que hubo con un grupo de choque que intentó entrar a la planta en abril de 2022 y que dejó un saldo de 8 personas fallecidas.