El derecho humano a una buena administración pública es un tema de suma importancia que en el orden internacional fue impulsado desde 1992 a través del Tratado de la Unión Europea (UE) y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en el año 2000, en los que se busca que las personas tengan derecho a que las instituciones traten sus asuntos de manera imparcial y equitativa, dentro de un plazo razonable.

Por su parte, la Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano en Relación con la Administración Pública de 2013, contempló como finalidad reconocer el derecho de las personas a la buena administración pública, con lo cual las personas asumen mayor conciencia de su posición central en el sistema administrativo.

En nuestro país este tema ha sido abordado en el orden local, entidades como Ciudad de México, Oaxaca, Yucatán e Hidalgo han incluido en sus constituciones este derecho, buscando atender la demanda ciudadana de contar con instituciones públicas, cada vez más humanas, transparentes, cercanas, eficientes y honestas.

En el caso de Hidalgo, la actual administración envío al Congreso local la iniciativa correspondiente, misma que fue aprobada y cuyo Decreto se publicó el 22 de agosto de 2023 en el Periódico Oficial del Estado.

De esta manera fue que en la Constitución Política del Estado de Hidalgo quedó establecido el derecho de toda persona a una buena administración pública y a sus derechos derivados, que consiste en recibir un trato imparcial, objetivo y justo en el despacho de sus asuntos de carácter público, los cuales deberán ser resueltos oportunamente conforme a los principios de eficacia, honestidad, honradez, austeridad, racionalidad, ética, legalidad, transparencia, rendición de cuentas, inclusión, igualdad y equidad.

A través de estas disposiciones constitucionales se obliga a las personas servidoras públicas a orientar sus acciones para lograr el bienestar de la sociedad, al igual que promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, así como incorporar los mecanismos de gobierno digital en la gestión pública, promoviendo y fomentando la inclusión digital de la ciudadanía. En caso de que los servidores públicos no cumplan con estas disposiciones del derecho a una buena administración pública, podrán ser sujetos a las sanciones respectivas.

Con esta reforma, Hidalgo se puso a la vanguardia legislativa al incluir en su marco jurídico este derecho, y es un orgullo para la entidad que algunas plataformas políticas a nivel nacional retomen estás iniciativas que permitan el desarrollo de una buena administración pública.