Una de las grandes constantes de cualquier Estado moderno es la preocupación por consolidar un sistema democrático que garantice la soberanía, el orden y la división de poderes en todos los niveles, sin embargo, la pugna por el poder parece ir siempre por encima del interés público.

En México, por ejemplo, nos encontramos ante procesos aletargados que no compaginan con la realidad nacional, muestra de ello son los tiempos establecidos por la propia autoridad electoral para el desarrollo de precampañas, intercampañas y campañas proselitistas, que en lugar de incentivar la participación ciudadana, generan gastos onerosos e incrementan el sentimiento de apatía por parte de las y los votantes.

Aunado a ello, las prácticas de discrecionalidad de este sistema anómalo han generado que se violente la ley y que a la par se establezcan nuevos candados burocráticos que en nada abonan a brindar certezas de que nuestra democracia está sustentada en el Derecho, al contrario, hoy las y los ciudadanos mexicanos tenemos más dudas sobre el destino que tendrán nuestros votos una vez depositados en las urnas.

Si a eso sumamos el despilfarro de recursos públicos que representa la organización de cada proceso electoral por parte del árbitro electoral, tenemos una suma de problemáticas que van desgastando poco a poco al sistema electoral que tanto trabajo le ha costado a la ciudadanía construir en los últimos 40 años.

Es por ello que los titulares del Ejecutivo federal y estatal en Hidalgo han impulsado una serie de reformas constitucionales que buscan eficientar el gasto público y los procesos internos de estos organismos, pues no podremos avanzar hacia la consolidación de una verdadera democracia participativa si esta es cara, ineficaz y ajena a la realidad.

En el caso federal, una de las principales apuestas del presidente Andrés Manuel López Obrador, es la eliminación de los Organismos Públicos Locales Electorales, las figuras plurinominales, así como el lograr consolidar mecanismos de participación a través de ejercicios de consultas populares y de revocación de mandato, mientras que el gobernador Julio Menchaca ha impulsado el empate electoral, la posibilidad de un periodo de reelección en el caso de los ayuntamientos y la instauración de la revocación de mandato desde lo local.

Estas son el tipo de apuestas que debemos poner sobre la mesa para consolidar un sistema político electoral capaz de dar cauce a las necesidades más sentidas de la población y en estricto apego a las distintas realidades por las que atraviesa cada rincón de nuestra patria.