Hace un par de meses, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo detuvo a un famoso criminal; sin embargo, un juzgador federal del vigésimo noveno circuito en el que se encuentra el estado de Hidalgo declinó la competencia sobre la resolución de un amparo que había promovido dicho delincuente a un juzgado de en el estado de Zacatecas, quien finalmente decidió liberarlo.

Esto es una muestra del porqué el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha insistido tanto en las reformas al Poder Judicial. Es un mandato que se expresó en las urnas el pasado 2 de junio, no es ajeno para nadie y por eso el electorado lo confirmó en ese voto de confianza que le dio al ejecutivo federal para que realice las reformas necesarias, pues las cosas en el Poder Judicial simplemente están mal.

Dentro de estas reformas se encuentra el reducir el número de ministras y ministros de 11 a 9 integrantes; disminuir el periodo de su encargo de 15 a 12 años; eliminar la pensión vitalicia para actuales y futuros jueces, y que las remuneraciones se ajusten al tope máximo establecido para el Presidente de la República, pero además, que quienes ocupen la titularidad de un órgano jurisdiccional sean electos en las urnas.

Sin embargo, la elección de estos personajes no solo debería recaer en las urnas, sino en una selección más exhaustiva que compruebe que tienen la capacidad intelectual y la experiencia laboral para velar porque se aplique el estado de derecho ante las nuevas condiciones políticas y sociales del México de hoy.

Esta idea consiste en someter a las y los candidatos al escrutinio profesional, y ser evaluados por un Comité de Evaluación integrado por juristas y académicos destacados, quienes se encargarán de elaborar y aplicar los exámenes de oposición, que consistirán en un examen oral público y en uno teórico escrito, donde darán solución a casos prácticos. Y deberá ser transmitido en tiempo real por cada uno de los poderes.

Teniendo los perfiles profesionales se someterán al escrutinio público, y será la autoridad electoral la que intervenga para articular y organizar el proceso de elección, de acuerdo a las reglas previstas en la ley y sea el pueblo quien decida quienes ocuparán los cargos del Poder Judicial. Las personas que resulten aprobadas en los exámenes realizarán una campaña de no más de 30 días, sin que exista la posibilidad de que haya precampañas.

Y no es que se esté descubriendo el hilo negro, este procedimiento de evaluación ya se realiza para la elección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, lo que ha permitido tener a personajes preparados en la materia.

Las reformas que se plantean no son un capricho, es necesario otorgar la justicia que la población demanda, porque así como se tiene este ejemplo, existen varias situaciones a lo largo del país, dejando en libertad a los verdaderos criminales.