En la inauguración de "la casa del buen gobierno", espacio de comunicación y atención ciudadana de la Secretaria Anticorrupción que dirige Raquel Buenrostro, en el marco de la primera asamblea de contralores de México, se perfilaron las líneas de acción de transparencia, la protección de datos personales y la construcción de un Buen Gobierno que promueva la transparencia proactiva y la rendición de cuentas.
Con instituciones que ejerzan su autoridad con firmeza, transparencia, eficiencia y rendición de cuentas que garanticen que las decisiones gubernamentales beneficien a la sociedad, eviten la corrupción y fomenten la participación ciudadana.
En la víspera de trascendentales reformas a las leyes de adquisiciones y obras públicas se garantizan adquisiciones justas y transparentes, con mecanismos para fomentar la competencia equitativa entre proveedores y normas estrictas que aseguren que cada contrato se otorgue con base en la imparcialidad y la honradez.
En la inminente, próxima e irrevocable adopción de la responsabilidad en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, del derecho constitucional de la ciudadanía del acceso a la información y protección de datos personales que con firmeza en febrero se llevará a cabo a nivel federal con la publicación de la ley y entrada en vigor al mismísimo día siguiente, pese a quien le pese, para continuar en corto tiempo en transferir la responsabilidad con la misma celeridad y firmeza a los órganos de control estatales y municipales.
Uno de los avances más significativos es la modernización de las plataformas digitales y uso de la inteligencia artificial para administrar las compras públicas, acceder a información detallada sobre adquisiciones gubernamentales que eliminan espacios de discrecionalidad y reducir la posibilidad de que algunos saquen ventaja de los recursos públicos.
Se promueve la inclusión y la democratización del acceso a los recursos gubernamentales, se impulsan iniciativas para que micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) puedan competir en igualdad de condiciones, se fortalece la economía local y se rompe el dominio de monopolios que históricamente se beneficiaban de los contratos gubernamentales.
Exigencia en la supervisión del personal del servicio público, desde la planeación hasta la contratación y evaluación, se busca que los servidores públicos cumplan con altos estándares de profesionalización, ética y eficiencia, como señala Claudia Sheinbaum: "el combate a la corrupción no es un fin en sí mismo, es el medio para la justicia social", la profesionalización del servicio público mejora la gestión gubernamental y refuerza la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.
Programas de capacitación dirigidos a funcionarios públicos para fortalecer la cultura de la integridad y la eficiencia administrativa, un gobierno que capacita a su personal en principios éticos y buenas prácticas es un gobierno que avanza hacia la excelencia.
El buen gobierno no es tarea exclusiva de las autoridades, la consolidación de la participación social en la toma de decisiones es un aspecto fundamental, la creación de comités ciudadanos que supervisan la correcta aplicación de los recursos públicos y denuncian cualquier anomalía; estamos ante la presencia de una sociedad intolerante a la corrupción.
Para estructurar una estrategia eficaz, el gobierno federal trazó la ruta con seis pilares fundamentales:
Dignificar el Servicio Público con integridad, capacitación continua y certificación de competencias; Compañía Preventiva, Blindaje de programas prioritarios desde su inicio; Modernización de la Administración Pública con herramientas digitales para inhibir la corrupción y mejorar el desempeño gubernamental; Compras Públicas Transparentes y adquisiciones a precios justos, con proveeduría nacional, apoyo a MiPyMEs y sostenibilidad ambiental; Transparencia Proactiva de datos abiertos para garantizar el acceso público a la información; Alianza con la Sociedad y el Sector Privado en la lucha contra la corrupción.
Formación de una nueva generación de jóvenes auditores públicos especializados y bien remunerados con once mil pesotes al mes, que surjan y crezcan sin vicios de la corrupción del pasado, contratación de estudiantes de los dos últimos años de la carrera de contaduría o ingeniería con buen rendimiento académico e igualdad de género y disponibilidad de tiempo para ejecutar las auditorías sin descuidar sus estudios.
El desafío principal es mantener este ritmo de trabajo y consolidar una cultura de integridad en todos los niveles de gobierno, diseñar políticas es el comienzo; la clave está en la participación activa de la ciudadanía para exigir cuentas claras y fortalecer un gobierno abierto y transparente.
México con Claudia e Hidalgo con Julio, avanzan en una administración pública con mayor transparencia y mejor optimización de recursos, eficiente y honesta, con estrategias bien definidas, infraestructura sólida, herramientas digitales, servidores públicos comprometidos y participación ciudadana, se construye un modelo de buen gobierno. ¡Vamos bien y no hay marcha atrás!, por un México libre de corrupción e impunidad.
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