"¡Agua que no has de beber, fiscalízala!", dicen que “cuando el río suena, agua lleva”… y en Hidalgo el río suena fuerte desde hace años, no precisamente por la abundancia del líquido vital, por los múltiples señalamientos sobre el manejo de los organismos operadores de agua, durante mucho tiempo, estos entes funcionaron en medio de la opacidad, con prácticas poco claras, favoritismos, y figuras como los comisarios, que en algunos casos, más que supervisar, ocupaban el cargo sin mayor responsabilidad, por eso, el 11 de abril se publicó en el Periódico Oficial la reforma a la Ley Estatal de Agua y Alcantarillado, en plena Semana Santa, el barrio no lo vio como coincidencia sino como un acto de justicia administrativa, un necesario ejercicio de limpieza institucional.

Como buen Sábado de Gloria, la reforma llega como un llamado de atención para quienes por años operaron sin rendición de cuentas. ¿Qué establece esta reforma? Lo fundamental: habrá vigilancia real y estructura sólida para garantizar el buen uso de los recursos públicos.

Para comenzar, el comisario, que antes era designado por el síndico procurador y que muchas veces ocupaba el cargo con salario pero sin funciones claras, ahora será un servidor público municipal con carácter honorífico, lo que significa que no habrá sueldo de por medio y se apuesta por la vocación de servicio, se eliminan espacios de discrecionalidad.

Pero el cambio más relevante es, sin duda, la creación de un Órgano Interno de Control (OIC) en cada organismo operador municipal, si, uno por municipio, nada de controles centralizados ni mecanismos simbólicos: ahora cada sistema tendrá su propia figura de vigilancia, con herramientas suficientes para detectar y corregir cualquier desviación.

Hidalgo cuenta con 38 organismos operadores de agua, coordinados por dos entidades: la comisión estatal del agua y la comisión de agua y alcantarillado de sistemas intermunicipales; actualmente se tiene registro de 25 contralores (OIC) y 33 comisarios.

Organismos como, la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo (CAAMT), la CAASA en Actopan, la CAASAT en Atotonilco de Tula, la CAPOSA en Huichapan, CAASIM, entre otros, contarán con estos nuevos órganos de control que serán capaces de revisar compras, arrendamientos, obras públicas, contratos, declaraciones patrimoniales, e incluso sustanciar procedimientos administrativos cuando se detecten irregularidades.

Esta lista no es exhaustiva, ya que otros municipios como Apan, Mixquiahuala, Cuautepec, Huejutla, Santiago Tulantepec, Calnali, Huautla, Jacala, Nopala, Santiago de Anaya, Tecozautla, Zimapán, Tezontepec, Alfajayucan, San Salvador, Tizayuca, Tula, El Arenal, Tlaxcoapan, Tlahuelilpan, Tepeji, entre otros, también cuentan con organismos operadores de agua, así que a ponerse las pilas!

Los OIC tienen atribuciones legales claras para prevenir y sancionar actos que atenten contra la legalidad y la buena administración, y lo mejor es que su designación es por medio de convocatoria pública, con etapas como el registro, entrega de ensayo, defensa oral y votación abierta ante la Junta de Gobierno, se profesionaliza el proceso y se abre a la participación ciudadana.

Este nuevo marco legal representa un paso contundente para erradicar prácticas del pasado, durante años se escucharon historias sobre obras inconclusas, químicos insuficientes, tomas que nunca se instalaron, presupuestos inflados y recursos mal utilizados, con los Contralores, se abren caminos para la supervisión técnica y ciudadana que permitirá garantizar que los recursos se destinen verdaderamente a mejorar el servicio.

La Contraloría del Estado, junto con los contralores y comisarios municipales, está lista para acompañar el proceso de fortalecimiento institucional, en caso de ser necesario, capacitar a los Comités de Vigilancia de los organismos operadores del agua, tal como ya se hace con los Comités de Contraloría Social en distintas regiones del Estado, se pondrá a disposición el Laboratorio de Contraloría de Calidad de Materiales, una herramienta técnica fundamental para verificar que las obras se ejecuten conforme a los estándares establecidos y garantizar que cada peso invertido se traduzca en beneficios reales y duraderos para la ciudadanía.

La reforma también establece como principio la transparencia y el acceso a la información’ los informes financieros, las auditorías y los resultados de los organismos operadores deberán estar disponibles para consulta pública, lo que permitirá que cualquier ciudadano conozca el uso y destino de los recursos, fortalecer la confianza institucional y el ejercicio del derecho a la información es el objetivo.

La transformación llega en un momento clave, la gestión del agua ya no puede verse como un asunto técnico aislado; es un tema de justicia social, de sostenibilidad y de derechos, cada vez hay menos agua, su costo es mayor y su uso debe cuidarse más, no se debe administrar bajo lógicas clientelares o sin visión de largo plazo, el agua no es un privilegio: es un derecho que exige responsabilidad, planeación y vigilancia.

Por eso, desde nuestras comunidades, celebramos esta reforma, representa un avance hacia la transparencia, una apuesta por la rendición de cuentas y una oportunidad para fortalecer la confianza entre ciudadanía e instituciones, en Hidalgo, dejamos atrás la simulación para dar paso al control institucional, con reglas claras, procesos abiertos y participación activa.

Así que la próxima vez que abras la llave del agua, recuerda todo lo que implica ese acto cotidiano: la necesidad de un servicio eficiente, la obligación de cuidar cada gota, y la importancia de que quienes administran este recurso lo hagan con ética, eficiencia y vigilancia.

Ya lo dijo Carlos Vives: “Mi casa, cualquier camino; Mi Patria, toda la tierra” y en Hidalgo, la ciudadanía ya no sólo participa: también observa, exige y construye.

Es responsabilidad de todos.

Así, o más claro que el agua.

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