Como “policía bueno y policía malo”, así funcionará la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, una iniciativa que busca transformar la manera en que se combate la corrupción en México, inspirada en el concepto de contraloría, cuyo enfoque es más preventivo que correctivo, nueva secretaría que no pretende tapar el pozo después del niño ahogado, sino eliminar la posibilidad de que exista un pozo donde alguien pueda correr ese riesgo, su objetivo es atacar el problema desde dos frentes: el público con un enfoque transversal y el privado.
Claudia Sheinbaum demuestra que en su gobierno no hay espacio para titubeos al hablar de combatir la corrupción y reorganizar el aparato gubernamental, su propuesta de transformar la Secretaría de la Función Pública (SFP) en la nueva Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) es un movimiento estratégico.
La reforma, aprobada ya por la Cámara de Diputados y en espera del aval del Senado, es un rediseño profundo que pretende cambiar las entrañas de la Administración Pública Federal, la Función Pública debe dejar de ser vista como una carga administrativa y ser reconocida como un apoyo valioso para el trabajo sustantivo.
La presidenta Sheinbaum deja clara su meta: erradicar el influyentismo, la corrupción y la impunidad, la SABG será el corazón de la estrategia al centralizar funciones clave como la contratación pública, las auditorías y la transparencia, con un mandato claro y facultades ampliadas, la dependencia buscará garantizar que las instituciones trabajen para la gente, no para intereses oscuros.
Para entender la magnitud de esta transformación, hay que regresar al diagnóstico inicial, enfrentar los desafíos históricos de transparencia y fiscalización en México exige más que buenas intenciones; requiere cambios estructurales, bajo la premisa de una “reingeniería de la Administración Pública Federal”, la reforma plantea modificar las funciones de las secretarías existentes y la creación de nuevas dependencias y una agencia federal que fortalecerán el aparato gubernamental, en palabras de Sheinbaum: “Pueden tener la certeza de que jamás va a haber una colusión o un acto de corrupción y que, si llega a haberlo, para eso está la Secretaría Anticorrupción, porque nosotros tenemos un mandato popular que es erradicarla”.
En esta nueva reingeniería, la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno llega a cambiarle el rostro al gobierno y a garantizar que dos derechos fundamentales sean cosa seria: la transparencia en el acceso a la información pública y la protección de datos personales, ya no habrá pretextos ni laberintos burocráticos; la información estará al alcance de la gente, y sus datos, bien protegidos, eso sí, con este cambio también se da un paso importante hacia la desaparición del INAI, porque las cosas se van a manejar de manera más directa, sencilla y sin gastos excesivos.
Rediseño lógico tras los avances logrados durante el sexenio de López Obrador, cuyo legado dejó bases sólidas para un gobierno más justo, como: la separación entre el poder político y el económico, que eliminó prácticas de influyentismo, entrega directa de Programas para el Bienestar, que redujo las malas prácticas en la asignación de recursos, eliminación de la condonación de impuestos, que marcó justicia fiscal, austeridad republicana y optimizó el uso de los recursos públicos.
Cambios que trajeron resultados concretos, entre 2019 y 2023, los actos de corrupción en México disminuyeron un 11.2%, mientras que la percepción ciudadana sobre este problema bajó ocho puntos porcentuales, con estas cifras como antecedente, la SABG tiene la misión de consolidar y profundizar estas transformaciones.
El alcance del modelo Anticorrupción y Buen Gobierno no tiene precedentes, su diseño incluye una serie de atribuciones que la colocan como un pilar en la lucha contra la corrupción:
- Diseñará normas específicas para regular las contrataciones, se invitará a las Mipymes y establecerá mecanismos de control interno y fiscalización para garantizar mejores precios y mejores condiciones.
- Acompañamiento preventivo a las instituciones, tendrá facultades para realizar auditorías internas y externas, así como fiscalizaciones e investigaciones, contará con acceso directo a información oficial, sin restricciones ni excusas.
- Enfocará a los OIC en áreas de mayor impacto y relevancia.
- Fortalecerá la cultura de la denuncia.
- Emitirá el Código de Ética para las personas servidoras públicas, diseñará programas de capacitación enfocados en la profesionalización del servicio público.
- Conducirá la política de transparencia y protección de datos personales, además de atender solicitudes de información.
- Establecerá bases para coordinar el Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Nacional de Fiscalización, colaborará con otras instancias para combatir este flagelo.
- Promoverá contenidos educativos sobre el combate a la corrupción en coordinación con la SEP y buscará convenios internacionales a través de la SRE.
- Implementará exámenes médicos, psicológicos y toxicológicos para evaluar la confiabilidad de las personas servidoras públicas.
- Se fiscalizará la totalidad de los recursos federales transferidos a los municipios con la implementación de una herramienta de inteligencia artificial desarrollada en coordinación con Google a cargo de la agencia de transformación digital.
El diseño de esta nueva dependencia busca establecer un estándar para que otros niveles de gobierno, estatales y municipales, adopten principios similares en su forma de operar, México tiene una oportunidad única de posicionarse como referente regional en la lucha contra la corrupción y la promoción del buen gobierno, y la SABG será la herramienta clave para lograrlo.
La participación ciudadana será crucial en este proceso, un gobierno no puede hacer todo solo; necesita a su pueblo como vigilante y coadyuvante en la construcción de un sistema más justo, por eso contempla mecanismos para involucrar a la ciudadanía en tareas de transparencia, auditoría social y promoción de la cultura de la legalidad, como los testigos sociales y alertadores ciudadanos, esfuerzo que apunta a fortalecer la cultura de la denuncia.
En la fiscalización, se armonizarán los criterios a 6 mil entes ejecutores del gasto a nivel Nacional y 175 en el Estado de Hidalgo, incluye 84 municipios, 62 dependencias, 20 organismos, 6 autónomos y 3 poderes.
Con el sector privado se va a transformar el padrón de integridad empresarial, se presenta la Ley para regular el cabildeo y se proyecta la armonización de legislaciones Estatales.
La invitación es sumarnos a esta transformación como actores, un gobierno honesto no se construye solo desde arriba; se fortalece con la confianza y el compromiso de quienes lo respaldamos desde abajo, ¿le entramos o qué?.
