A partir del 5 de septiembre inicia la verdadera revolución de la transformación en el Estado, los 84 presidentes municipales, los 30 diputados locales, los 7 federales y los 3 senadores, mayormente morenistas que asumirán su cargo ya son parte de un proceso de transformación, que se unen al gobierno de Julio Menchaca, sin importar el partido al que pertenezcan, existirá una coordinación con la Presidencia de la República y sus instancias federales con el fin multiplicar esfuerzos.

La lucha contra la corrupción es un tema que está en el centro del debate público desde hace años, con la Política Estatal Anticorrupción de Hidalgo les cayó el chahuistle a los proclives a las malas practicas; al establecer normas claras en los puntos de contacto entre el gobierno y sociedad, un candado más que separa al gobierno de las malas prácticas, evita que las acciones u omisiones de los funcionarios públicos deriven en conductas delictivas.

Un ejemplo claro de esta lucha se ve reflejado en las acciones de la administración estatal y municipal entrante, que desde el primer día demuestre su compromiso con la transparencia y la legalidad, en lugar de dejar que el río suene, esta administración debe evaluar la terna de auditores externos que serán los encargados de revisar y vigilar que los recursos públicos se manejen con integridad.

La lucha contra la corrupción no es una tarea que se acabe con la elección de un buen auditor o la implementación de una política pública, es un esfuerzo constante que requiere la participación de todos: gobierno, sociedad civil y ciudadanos de a pie, no podemos caer en la complacencia ni pensar que el trabajo ya está hecho; debemos tener claro que no caer en la corrupción ni permitirla bajo ninguna circunstancia.

En el ámbito municipal, recuerden que ser presidente municipal es uno de los cargos más complicados, el entusiasmo de triunfo es grande, pero no saben en la que se metieron, porque la realidad es que no hay dinero que alcance, los presupuestos de agotan y las demandas de la ciudadanía no paran de crecer, hay cerca de 86 programas gubernamentales que son prioridad para atender las necesidades de la población, y no deben olvidar que cada peso del dinero público está auditado y etiquetado, así que, no se distraigan y pregunten cuando tengan dudas, porque el que pregunta no se equivoca.

Para no tropezar con las mismas piedras del pasado, 57 contadores públicos del Estado de Hidalgo, pertenecientes a 3 colegios profesionales, se pondrán manos a la obra en septiembre para auditar las cuentas de 68 Organismos Descentralizados de la administración paraestatal, así como de aquellos municipios que quieran echarle un ojo crítico a la cuenta pública que les deja la administración saliente, la idea es tener a un experto independiente y desde la sociedad que revisa, hasta con lupa si hace falta, que todo cuadre: ingresos, gastos, deuda pública, fondos y que no haya “gato encerrado” en la gestión financiera, ojo, no basta con no hacer, tampoco se debe permitir la corrupción.

Los auditores no son seleccionados a la ligera, deben estar inscritos y vigentes en el Padrón de Proveedores, lo que asegura que son profesionales con una trayectoria que cumple con los estándares de integridad, no basta con estar en un padrón; estos auditores deben pertenecer a reconocidos colegios de contadores; Contadores Públicos de Hidalgo A.C., Contadoras Hidalguenses A.C. y el Colegio Regional de Hidalgo A.C.

Pero aquí no acaba la cosa, la integridad es un valor que no se negocia, y es por eso que los auditores también deben cumplir con lo establecido en materia de integridad en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, lo que garantiza que los encargados de vigilar el buen manejo de los recursos públicos sean personas de probada honradez, que no le deban favores a nadie y que estén comprometidos con hacer su trabajo de la mejor manera posible.

La Contraloría, que no quiere dejar cabos sueltos, remite una relación de los auditores externos mejor calificados para desempeñar esta importante tarea, todos ellos cumplen con los criterios de elegibilidad, lo que no solo asegura su competencia técnica, también su compromiso ético, la Contraloría actúa como un árbitro imparcial, asegura que los principios de disciplina, legalidad y profesionalismo que rigen el servicio público se respeten en todo momento.

Esto no es un mero trámite administrativo; es un paso crucial para salvaguardar los recursos públicos y por ende, el bienestar del pueblo, al replicar la misma dinámica de designación que se utiliza a nivel federal y estatal, se busca uniformar las prácticas de control y auditoría en todos los niveles de gobierno, se cierra cualquier posibilidad de que las malas prácticas se cuelen por las rendijas, "al que madruga, Dios lo ayuda", y aquí se trata de madrugarle a la corrupción antes de que ésta se convierta en un problema imposible de manejar.

Si de despachos externos hablamos, no se dejen engañar por consultoras externas fraudulentas y balines que ofrecen un abanico de servicios, principalmente para disque bajar recursos de instancias estatales, federales y hasta internacionales, así que mucho ojo con ellos, son puras transas para ediles novatos.

Las acciones emprendidas en el gobierno y la Contraloría están en la dirección correcta para combatir la corrupción, las auditorias y la evaluación rigurosa de los auditores externos, la colaboración entre los diferentes niveles de gobierno y la estricta observancia de los principios de integridad y legalidad son medidas que, si se implementan correctamente, pueden hacer una diferencia real en la lucha contra la corrupción.

No es para cantar victoria, pero es un buen comienzo, en temas de corrupción, más vale prevenir que lamentar, y la única forma de asegurarnos un futuro libre de estas prácticas es trabajar con firmeza, responsabilidad y con honestidad, que no se nos olvide que "el que quiera azul celeste, que le cueste", y que la verdadera lucha contra la corrupción empieza en casa, con acciones concretas y la voluntad de hacer las cosas bien.