Inicia la nueva era de la transparencia en México, bajo el mando de Raquel Buenrostro, quien apenas y tomó posesión del INAI, se lanzan iniciativas clave que buscan la transparencia y cerrar cualquier resquicio a la corrupción; una nueva Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios; reforma a la Ley de Obras Públicas; y actualización de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas.
La nueva Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, establece una tienda digital con catálogos electrónicos, procesos de compra más eficientes, sustentables y accesibles para cualquier ciudadano, con un sistema digital central en lugar del obsoleto compranet, cada adquisición del gobierno será monitoreada en tiempo real, elimina la discrecionalidad en las contrataciones, da preferencia a políticas prioritarias de contratación con acuerdos macro, compras consolidadas, oferta subsecuente de descuento, adjudicaciones con dialogo competitivo, adjudicación directa con estrategia de negociación, proveedores nacionales que cumplan con estándares de responsabilidad social y ambiental.
Se da relevancia a la responsabilidad social que debe observar el Estado en el ejercicio de su actividad económica, se fomenta la economía local y se garantiza que los recursos públicos se utilicen de manera óptima y se incorporan testigos sociales en el marco de participación ciudadana en contrataciones relevantes, sanciones más severas para quienes intenten manipular los procesos de compra en beneficio propio, se propone además reformar la Ley Federal de Austeridad Republicana, la Ley de Economía Social y Solidaria y la Ley General de Sociedades Cooperativas.
La reforma a la Ley de Obras Públicas busca poner un alto a la opacidad y los sobrecostos en la construcción de infraestructura, se establece un mecanismo de auditoría en tiempo real para que los ciudadanos puedan conocer cada etapa de los proyectos, desde su planificación hasta su ejecución, con ello, reducir la posibilidad de fraudes y desvíos de recursos; además, se agilizan los procesos de licitación para evitar retrasos innecesarios, fomentar la participación de pequeñas y medianas empresas, diversificar el acceso a contratos públicos y promover el desarrollo económico regional.
La reforma de Fiscalización y Rendición de Cuentas, refuerza el marco institucional para supervisar el uso de los recursos públicos, con la creación un sistema digital de auditoría accesible a toda la ciudadanía, permite un mayor control sobre la administración del dinero público; se endurecen las normativas para obligar a cada dependencia a justificar sus gastos con informes detallados y periódicos, se fortalece la Auditoría con nuevas atribuciones para vigilar a los servidores públicos y detectar posibles irregularidades con mayor rapidez.
Es una política pública a través de la cual, los gobiernos de forma proactiva, abre su información al escrutinio público con derecho a la información, con máxima publicidad, gobierno abierto, reserva y confidencialidad precisa y clara; las solicitudes de información deben procesarse rápidamente, establecer reuniones plenarias de altos funcionarios con mayor apertura y las personas que den a conocer corruptelas deben ser protegidas.
El compromiso es que la actividad económica sea con responsabilidad social, un modelo donde la vigilancia ciudadana es protagonista y el servicio público responde a los intereses del pueblo.
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