Importantes reformas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el decreto de la Presidenta Claudia Sheinbaum, introduce ajustes clave que redefinen las reglas del juego, no se tolera ninguna practica de corrupción, soborno, dispendio o cualquier acto que menoscabe el patrimonio público.

Nueva definición de Personas Servidoras Públicas: establece que el término abarca a quienes desempeñan un empleo, cargo o comisión en cualquier ente público, ya sea federal o local, la constitución precisa garantizar que todas las figuras del servicio público operen bajo los mismos estándares de responsabilidad, incluye a asambleistas, magistrados y consejeros.

Ética y perspectiva de género, obliga a los entes públicos a crear condiciones estructurales y normativas que promuevan una administración pública ética, respetuosa de los derechos humanos y con perspectiva de género, implica una visión más integral en la conducta del servicio público.

Principios rectores ampliados, austeridad y racionalidad ejes claves, las y los servidores públicos deben actuar con austeridad, honradez, legalidad y eficiencia, entre otros valores, la novedad es la inclusión explícita de la racionalidad en el uso de recursos públicos, consolida el enfoque de disciplina financiera, optimizar el gasto en beneficio del pueblo.

Código de ética obligatorio, destaca la importancia de contar con códigos de ética y conducta que regulen el actuar de los servidores públicos, documentos que deben ser de acceso público y cumplir con los lineamientos del Sistema Nacional Anticorrupción, la principal tarea, será actualizar, difundir y en su caso, elaborar estos instrumentos normativos a través de los cuáles, se deben incorporar aspectos disciplinarios y reglas de integridad al interior de las oficinas gubernamentales.

Supervisión del patrimonio, refuerza los mecanismos para verificar la evolución patrimonial de los servidores públicos, si se detectan incrementos injustificados, los órganos internos de control actúan con mayor rapidez y precisión.

Reglas para el Poder Judicial, detallan que la vigilancia de las responsabilidades administrativas en el Poder Judicial recae en los Tribunales de Disciplina Judicial, tanto a nivel federal como estatal, lo que garantiza la imparcialidad en la investigación y sanción de conductas indebidas.

Estos tribunales tienen como objetivo supervisar la conducta de los integrantes del poder judicial, sancionar faltas éticas o disciplinarias y garantizar que los servidores públicos judiciales cumplan con sus responsabilidades de manera justa y eficiente.

La creación de estos tribunales responde a la imperiosa necesidad de establecer mecanismos de autocontrol dentro del sistema judicial para prevenir conductas irregulares y abusos de poder que afecte la legitimidad de las decisiones judiciales.

Colaboración con el sector privado, se abre la puerta para que las Secretarías y cámaras empresariales trabajen juntas en establecer programas de integridad que promuevan la ética y las buenas prácticas en las contrataciones públicas, también se incluyen medidas para proteger a quienes denuncien actos de corrupción.

Aspectos que desde el 2022, la Contraloría del Estado implementó de la mano de los proveedores y contratistas inscritos en el padrón y afiliados a cámaras empresariales, lo que coloca a Hidalgo como un referente a nivel nacional, son pocas las entidades que cuentan con un “Catálogo de Empresas íntegras”, es decir, aquellas que cuentan con un control interno óptimo y sobre todo, transparentan sus procesos y rinden cuentas a la ciudadanía.

Al igual que las personas físicas, los integrantes de personas morales pueden ser sujetas a procedimientos administrativos y penales, por ello, están obligadas a conducirse con ética y responsabilidad social, en la Contraloría a través del distintivo de integridad, se reconoce a las empresas que optan por las buenas prácticas dejando claro que es tarea de todas y todos conducirse con rectitud.

Declaraciones patrimoniales más estrictas, se precisa que los bienes adquiridos por cónyuges, concubinos o dependientes económicos son parte del patrimonio del declarante, salvo que se demuestre lo contrario, ¡ya nadie se escapa!

Las modificaciones construyen la confianza de la ciudadanía, la obligatoriedad de códigos de ética, la supervisión patrimonial más robusta y los convenios con el sector privado son estrategias para cerrar espacios a la corrupción y fomentar una cultura de integridad.

Además, la perspectiva de género y el respeto a los derechos humanos son pilares que refuerzan la administración pública desde una óptica más inclusiva y equitativa, significa que se trata de prevenir de raíz y si es el caso sancionar conductas indebidas.

Por otro lado, las empresas que busquen contratos con el gobierno deberán implementar programas de integridad y controles internos sólidos, se refuerza el mensaje de que la corrupción no será tolerada ni en el sector público ni en el privado.

Las Personas Servidoras Públicas ahora enfrentan un panorama más claro, pero también más exigente, su actuación estará regida por lineamientos que buscan eficacia, rectitud y disciplina, los órganos internos de control y las contralorías tendrán un papel protagónico al supervisar el cumplimiento de estas disposiciones.

La realidad es que los órganos internos de control tienen una chamba enorme y cada vez más complicada, tienen que investigar cualquier falta administrativa que cometan los servidores públicos, asegurarse de que todo se haga con ética, legalidad y transparencia, porque de ellos depende que las cosas se manejen bien desde el principio, es un papel crucial para que la gente confíe en que las autoridades realmente hacen su trabajo como debe ser.

Pero eso no es todo, con los cambios recientes en los Institutos de Transparencia, ahora las contralorías estatales y municipales tendrán todavía más responsabilidades, es un hecho que el poder ejecutivo y ayuntamientos del país están obligados a tener un área especializada que se encargue de resolver impugnaciones relacionadas con la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales, además tienen que supervisar que los portales de transparencia estén en orden y actualizado, el problema por ejemplo es que muchas contralorías municipales apenas tienen dos personas en sus áreas, así que pilas con dotarlas, reorganizarlas y cumplir con la transparencia.

El incumplimiento a la transparencia y protección de datos personales puede provocar la judialización de la transparencia, amparos y guillotinas sobre los contralores, “que difícil ser contralor”.

Ser contralor no es cualquier cosa, es una figura clave, pero también una de las más vigiladas, si algo se les pasa o cometen una omisión, la misma ley que tienen que hacer cumplir será la que los juzgue, es urgente que se les dé más apoyo, recursos y personal capacitado para que puedan hacer bien su trabajo y enfrentar los retos que estas nuevas disposiciones les ponen en el camino.

Pero ánimo que no hay reto que con compromiso, ética y responsabilidad no se pueda lograr, así que a darle que el deber llama.

Con estos cambios, México avanza hacia un modelo de gestión pública más transparente, ético y comprometido con el bienestar ciudadano, la transformación no es sencilla, pero con reglas claras y esfuerzos coordinados, vamos por buen camino!

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