Ante las amenazas de una imposición arancelaria, lanzada por Donald Trump, presidente de Estados Unidos de Norteamérica, Claudia Sheimbaum, presidenta de México, reaccionó con temple.
Una pronta respuesta de la mandataria, derivada de un acuerdo a distancia, hizo posible postergar la medida.
Sin embargo, el riesgo para la economía de nuestro país permanece latente.
Los 30 días acordados, que posponen la entrada en vigor de la disposición unilateral, es un periodo muy corto para erradicar el tráfico de drogas y poner fin a la violencia emanada de los cárteles que operan en nuestro país.
Por tanto, la operación conjunta de las fuerzas de seguridad nacionales, debe ser tarea prioritaria y urgente.
Se acabaron los “abrazos”; Para el gobierno de la autodenominada Cuarta Transformación, resulta insostenible la retórica demagógica que prevaleció durante los pasados seis años.
El discurso de no aceptar la realidad, respecto al tema de las drogas, la inseguridad y el avance de los grupos delincuenciales, alimentó un escenario de violencia nacional.
Desde Baja California hasta Chiapas, la irrupción de grupos armados, la extorsión a comerciantes y el tráfico de estupefacientes, se apoderaron de las agendas.
Entidades que se sabían “seguras” como Querétaro, Hidalgo, Aguascalientes y Yucatán, dejaron de serlo en varias regiones y municipios, pese al trabajo de sus autoridades locales, para detener un fenómeno que a nivel global parece incontenible.
Más allá de los pronunciamientos “frenéticos” de Trump, el plazo de 30 días, constituye una oportunidad para que los gobiernos estatales y de México, respondan a un clamor generalizado de una sociedad que exige su derecho a vivir en paz.
Es de reconocer, por ejemplo, las adhesiones de diferentes sectores de la sociedad mexicana, que en automático manifestaron su apoyo a la presidenta Sheimbaum.
Pero al tiempo, se debe denunciar el proceder de políticos, que en aras de mantenerse en las nóminas del gobierno, hacen “flaco favor” a la presidenta al no ayudarle a “limpiar la casa”.
Uno de estos aduladores, es Ricardo Monreal, que desde su trinchera en la cámara federal de diputados, cerró sus oídos a las exigencias de los sinaloenses, que una y otra vez, han pedido la salida del gobernador Rocha Moya.
Por mucho menos, el “trapecista” Monreal, quiso desaparecer los poderes en Hidalgo hace ya siete años, al apoyar a los diputados locales del Grupo Universidad que se habían apoderado en Hidalgo de Morena.
Siete años después, es el propio Monreal el que no ve a los niños ejecutados en Sinaloa, ni a los padres que exigen justicia, ni a la sociedad que llama a terminar con la guerra de grupos criminales, que tienen postrado a ese estado.
Políticos así no le sirven ni al país y mucho menos a la presidenta, para atender los tiempos de un reloj que está corriendo.
Sinaloa, Guerrero, Morelos, Michoacán, Chiapas, Tamaulipas y otros estados en los que la violencia se desbordó, deben ser objeto de una urgente cirugía, que devuelva la paz a sus pueblos, aunque más de un gobernante vinculado a la criminalidad deba caer o pisar la cárcel.
SE LO PONGO POR ESCRITO
Hay evidencias de que en Tulancingo la autoridad está rebasada; ahora es la inseguridad, hace dos meses el “desgobierno”.
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