Cita la sabiduría popular que “del plato a la boca se cae la sopa”, la frase parece ajustarse a la realidad por la que hoy atraviesa Jorge Hernández Araus, que de diputado local pasó a convertirse en virtual alcalde electo.
Hoy, este diputado está en la antesala de ser denunciado por la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, la (ASEH)
Los nexos del grupo universidad y el partido Movimiento de Regeneración Nacional en Hidalgo, permitieron la llegada de diputadas y diputados a las legislaturas locales LXIV y LXV, que atendieron desde su curul los intereses políticos y económicos de la expresión fundada por Gerardo Sosa, su líder.
Una revisión practicada por la ASEH al congreso local, correspondiente al año 2022, detectó serias irregularidades, con “tufo” a corrupción en la gestión de Hernández Araus, como presidente de la Junta de Coordinación Legislativa.
Contratos por obras pagadas que nunca se realizaron, y otras obras contratadas a sobreprecio, son algunas de las anomalías que suman más de cuatro millones de pesos, que el diputado de Morena no pudo comprobar en los plazos que la ley establece.
Jorge Hernández Araus es la misma persona del “clan Sosa”, que el partido Morena postuló para ser presidente municipal en Cuautepec, una localidad “azotada” por la delincuencia, donde la expresión dominante es el robo de hidrocarburo o huachicoleo.
El pasado 2 de junio, día de las elecciones, un grupo armado robó con violencia las urnas que contenían los votos emitidos por mujeres y hombres de Cuautepec, y pese a ello, el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo declaró el triunfo del morenista vinculado a Sosa, pero semanas después, una revisión al proceso, hecha por el Tribunal Estatal Electoral de Hidalgo, declaró la nulidad de los comicios.
Para la Auditoría Superior de Hidalgo, los tiempos de ley para que el “alcalde fallido”, compruebe el destino de los 4 millones de pesos han concluido y, por tanto, se obliga al organismo a interponer la denuncia correspondiente ante la Procuraduría General de Justicia.
Hernández Araus pertenece a una segunda generación de políticos “arropados” por MORENA vinculados a presuntos hechos de corrupción.
La primera generación de diputadas y diputados acusados también por actos similares, estuvo conformada, entre otras personas, por Humberto Veras Godoy, exrector de la Universidad Autónoma de Hidalgo y Rafael Garnica Alonso, expresidente de la Fundación Universitaria.
En esa amplia lista, aparecen el llamado “dipuporro” Jorge Mayorga, Roxana Montealegre, Corina Martínez, Salvador Sosa (Sobrino de Gerardo Sosa) Ricardo Baptista, Rosalba Calva y Doralicia Martínez, todas y todos vinculados al “grupo universidad”.
Estas diputadas y diputados, a un día de concluir su gestión, recibieron cheques por medio millón de pesos que disfrazada de “desarrollo parlamentario” no era otra cosa sino una especie de “bono de marcha”.
Así lo documentó “espléndidamente” la periodista Verónica Ángeles, derivado de una solicitud de transparencia, publicada en su Plétora Lex.
El pensamiento del sociólogo Pierre Bordieau, ha sido motivo de extensas discusiones y análisis de quien esto escribe con Ángeles Cilia, para traducirlas a la vida de una cámara local de diputados, que priista o morenista, no pasa de ser una “sexapésima legislentura”.
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