Era secreto voces que corporaciones de seguridad privada, se convirtieron en el refugio de personas rechazadas por las policías estatales y municipales.
Son empresas que contrataban, o siguen contratando a gente que en Seguridad estatal o en las secretarías de los municipios jamás quisieron.
A pesar de que existe en Hidalgo una Ley de Seguridad, que regula la operación de las empresas de ese ramo, son múltiples las anomalías que prevalecen al interior de estas.
Así ocurrió en uno de esos corporativos, que enlistó entre sus filas al sujeto señalado como responsable de la muerte de cuatro personas en la comunidad de Azoyatla.
No había transcurrido un mes, cuando el ex policía de Mineral de la Reforma salió del penal, y a pesar de sus antecedentes, fue contratado para prestar sus servicios en una corporación privada.
Conocidas también como policías “patito”, son negocios que se crean lo mismo para ofrecer seguridad intramuros en las empresas, en fraccionamientos, y hasta en eventos masivos.
Recientemente se ha denunciado la presunta contratación de migrantes, que provenientes de Centro y Sudamérica, son incluidos en las nóminas de las empresas de seguridad privada, sin que las mismas tengan conocimiento de los antecedentes de cada persona contratada.
Para los migrantes todo ingreso, por menor que sea es bueno, pero su incorporación ilegal complica el resto de las obligaciones que por norma los corporativos deben cumplir, como la capacitación y evaluación de los improvisados agentes.
Los bajos salarios que reciben los efectivos de seguridad, donde los policías municipales resultaban ser los más castigados, toca fondo en las policías privadas donde la situación es peor.
Contratados con sueldos de dos mil pesos quincenales, sin prestación laboral de ninguna índole y carentes de toda capacitación, es la realidad por la que atraviesan los vigilantes de casetas ubicadas en fraccionamientos y colonias de diferentes ciudades.
A veces, los improvisados policías “sobreviven” gracias a las aportaciones vecinales, y cuando hay rondines oficiales, a las patrullas ya sea municipales o estatales, se les impide el ingreso a los fraccionamientos “custodiados”.
Ante la inseguridad prevaleciente, nadie o casi nadie quiere busca enlistarse entre las filas de las corporaciones policiacas, y mucho menos en las municipales, donde los agentes tienen una hora de entrada a su trabajo, sin saber que regresarán con vida a casa.
El tema el complejo, sin embargo, es obligación del estado procurar la seguridad de las y los ciudadanos, tanto en su persona como en su patrimonio, el asunto que no está a discusión e incluye endurecer el control sobre las empresas de seguridad.
¿Qué instancia de gobierno vigila, regula, audita y sanciona a las corporaciones privadas que operan en los diferentes municipios? Urge una mano firme.
SE LO PONGO POR ESCRITO
El “joven incasable” Jorge Reyes, alcalde de Pachuca, fue felicitado recientemente por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum; su cercanía con la mandataría nacional obliga al edil a dar resultados inmediatos, ojalá su equipo lo apoye.
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