En los recientes cuatro años, que corresponden al periodo municipal en curso, las personas que integran el cabildo de Pachuca, se condujeron en función de sus intereses personales y políticos, muy por encima de las exigencias ciudadanas, que siempre reclamaron servicios públicos eficientes, sin tener respuesta positiva.
Sin que parezca importarles su pésimo desempeño, en la recta final del cuatrienio, regidoras y regidores, recurren a mecanismos que les permitan obtener su tan anhelado “bono de marcha”.
Así ha trascendido en el propio municipio, y esa urgencia, ayuda a entender el conflicto derivado de la iniciativa que pretende modificar los horarios permisibles para la venta de bebidas alcohólicas.
De las mesas para “socializar” la medida regulatoria, a las que fueron sometidas las autoridades capitalinas, tras las presiones de empresarios locales, es que salieron a la luz algunos intereses subyacentes, que dan cuenta de presuntos actos de corrupción en los que integrantes del ayuntamiento de Pachuca intentarían incurrir.
Se trata precisamente de los “bonos de marcha”, que forman parte de los “abusos y costumbres” en los municipios.
Recientemente, cabildos como el de Mineral de la Reforma, fueron focalizados por la Contraloría, cuando trascendió el intento de “saqueo” a las arcas municipales, donde algunos integrantes pretendían, no en lo oscurito, sino en lo público, “agandallarse” trescientos mil pesos por persona, como especie de gratificación o retiro.
Exhibido ese intento de “saqueo” al erario público, es que en ayuntamientos como el de Pachuca, se optó por una especie de “plan C”.
Le cuento; resulta que integrantes del cabildo y funcionarios de la secretaría municipal de Desarrollo Económico, entraron en una espiral de conflicto, ante la rotunda negativa de la Sedeco, que se niega a otorgar licencias a regidoras y regidores para la operación de antros, bares y cantinas, cuando faltan solo dos meses para que concluyan sus cargos.
Los regidores acusaron a la SEDECO municipal por la presunta dilación de trámites, como cambio de propietario o reubicación de los establecimientos de estos giros, pero la dependencia reviró, al afirmar que esa responsabilidad recae entre los regidores, que “curiosamente” se atribuyeron la facultad para politizarla y “negociar” en lo personal con los empresarios dedicados a la operación de antros; el tema no es menor.
Tan sólo en la presente administración, se detectó la existencia de al menos cuarenta licencias falsas, que habrían sido otorgadas durante el gobierno local pasado, negocios para que abundara la venta de alcohol en sitios cercanos a escuelas públicas y privadas, que hoy es uno de los temas del debate.
Hasta ahora, suman 26 las denuncias interpuestas por algunos de los particulares, que resultaron “sorprendidos” al obtener licencias apócrifas para la operación de bares y antros.
Esto advierte que el problema es mucho más grave de lo que al principio parecía, en especial, porque quienes están al frente de las mesas de diálogo son precisamente algunos regidores, que en dos meses pretenden transitar de políticos a empresarios.
En la alcaldía capitalina hay una “batalla campal” que merece ser observada por la Contraloría.
SE LO PONGO POR ESCRITO:
La eventual llegada al congreso local, de quien podría ser el primer joven legislador invidente, constituye una lección para nuestra sociedad, un valioso avance en materia de inclusión.
