De los 84 mil millones de pesos, que en materia de inversión privada el gobierno del estado ha traído a Hidalgo en los dos años recientes, al menos 35 mil millones provienen de inversionistas del sector vivienda, desarrolladores a quienes en Mineral de la Reforma pretenden extorsionar desde el cabildo.
Son múltiples las voces de enojo que han salido a denunciar, incluso desde la propia presidencia municipal, tan miserable conducta de algunos regidores que aún despachan en Pachuquilla.
La voracidad de estos malos funcionarios, data de semanas atrás, cuando fue exhibida la intención de “auto otorgarse” para cada una o uno, la nada despreciable cantidad de 300 mil pesos, disfrazados bajo el argumento de un “merecido” bono de marcha.
Al trascender la intención, algunas instancias obligadas a cuidar el uso de los recursos públicos, como la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo y de la secretaría de la Contraloría, fueron tajantes al rechazar que los cabildos se otorguen ese tipo de prebendas si las leyes no las contemplan.
En Pachuca, por ejemplo, cité en este espacio que los del cabildo, al saberse limitados legalmente para obtener el bono, optaron por la intención de hacerse de licencias de antros, bares o giros negros, como “recompensa” a su gestión y también públicamente fueron denunciados.
Pero en Mineral de la Reforma, algunos de los munícipes inconformes con el posicionamiento de la Contraloría y de la ASEH, buscaron alternativas de recompensa y focalizaron a los desarrolladores de vivienda como su objeto de “carnada”.
Así, de las casi doscientas unidades habitacionales de reciente creación, pendientes de municipalizar en Mineral de la Reforma, algunos regidores estarían condicionando la procedencia del trámite, si y solo si, les son donados y escriturados, lotes de terreno de tipo comercial o habitacional, que se ubican en los fraccionamientos pendientes de recepcionar por el ayuntamiento.
Otra de las versiones, refiere la solicitud desde el cabildo de diferentes montos a los empresarios, lo cual, el presidente municipal suplente llegó a reprobar frente a algunos de los inversionistas.
En la sede de empresas que desarrollaron unidades habitacionales como Chavarría o San Fernando, han sido firmes al considerar que para el cabildo ni “moches” ni “dádivas”.
Y que por el contrario si de cooperar se trata, estarían dispuestos a apoyar algún proyecto social, si el mismo es autorizado desde el cuarto piso del edificio de Plaza Juárez.
Es momento de que la Auditoría Superior y la Contraloría estatal hagan valer el peso de las instituciones sobre los malos servidores públicos, que pretenden hacer que prevalezca el llamado “año de Hidalgo”.
Porque si eso ocurre en la zona metropolitana de Pachuca, a escasos 8 kilómetros del centro de la capital, ¿Qué no estarán haciendo funcionarios municipales que están a punto de concluir sus cargos en las localidades más apartadas de la geografía del estado?
Se debe aplicar la ley y dar una severa lección a los servidores públicos que pretenden hacer de la corrupción algo similar a los usos y costumbres, prácticas que deben ser erradicadas de los gobiernos, aunque lamentablemente, más allá de los colores y las siglas de cualquier partido, la corrupción prevalece en todos los niveles, por encima de los buenos deseos; tristemente.
SE LO PONGO POR ESCRITO
En Cuautepec, el problema no son los partidos, se trata de los enemigos de la paz social, como el Grupo Universidad, “cuna” de Jorge Hernández Araus y claro, la presencia de poderes fácticos dedicados al huachicol.
