Las detonaciones de un arma de fuego, a las afueras del concurrido restaurante-bar, “rompieron” la habitual tranquilidad que caracteriza los domingos al Boulevard Valle de San Javier de Pachuca.
En esta larga avenida capitalina, la movilidad comercial inicia desde uno de los accesos a la populosa Central de Abasto hasta el restaurante el Parador, un sitio concurrido por la clase política local que gusta del “aparador”, lugar de cocina española, fundado hace unos 30 años por Carmela, una mujer de origen europeo.
Cuando caía la noche del domingo, frente a “Soy de Mar”, un sujeto accionó su arma en varias ocasiones para luego intentar huir junto a otra persona, pero ambos fueron monitoreados, perseguidos y detenidos.
Una de las primeras versiones es que junto a estos dos sujetos, 4 personas más habrían sido aseguradas, en posesión de armas y droga.
Lo ocurrido en San Javier, se suma a una serie de incidentes que con antelación han sido perseguidos por el grado de violencia utilizada.
Riñas, balaceras, narcomenudeo y delitos como la extorsión o el cobro de piso, dejaron de ser hechos aislados para convertirse en manifestaciones delictivas contra comerciantes de diferentes municipios, que difícilmente hacen las denuncias ante las amenazas de las que son objeto.
Como ocurrió en las semanas previas a la declaración de la pandemia, cuando Erika, una comerciante informal del mercado Primero de Mayo, pese a su precariedad económica, también fue objeto de extorsión.
El poco dinero que obtenía para sostener a sus dos hijas, que estudiaban en la secundaria 3 de Pachuca, prácticamente le era “arrebatado” por los denominados “goteros”, un grupo de indocumentados de origen colombiano que operaba en ese mercado capitalino.
Un préstamo de mil pesos, se convirtió para Erika en una deuda impagable, como consecuencia de los altos intereses que los “colombianos” le exigían todos los días mediante pagos “gota a gota”, que no era otra cosa que el ejercicio del delito de usura.
Silverio Téllez y Julio Vargas, dos de los históricos dirigentes del Primero de Mayo, perdieron hace mucho el liderazgo del sitio, y grupos “fácticos” vinculados a la delincuencia pretendían hacerse del control del lugar mediante la extorsión y la amenaza.
Hace unos meses, la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera (CANIRAC) en voz de su presidente estatal, así como la dirigencia del Consejo Coordinador Empresarial de Hidalgo, reconocieron en mi programa de radio la existencia de los delitos de extorsión, días después las cúpulas “matizaron” sus discursos.
¿Se equivocaron? ¿Hubo temor? ¿Recibieron instrucciones? No hay forma de comprobarlo; pero lo cierto, es que los hechos delictivos siguen sin dar tregua, y hace una semana ocurrió la detención de indocumentados cubanos y guatemaltecos en el fraccionamiento la Colonia, ubicado al sur de Mineral de la Reforma.
Los sujetos, pertenecen a una banda que operaba en Pachuca, Tizayuca, Actopan y Mineral de la Reforma, y se dedicaban a la extorsión y la usura mediante el método “gota a gota”.
La lucha contra la inseguridad emprendida por el gobierno de Julio Menchaca es producto de la exigencia ciudadana, el tema no es menor, pero las manifestaciones de la delincuencia tampoco.
SE LO PONGO POR ESCRITO
Y sin dar informes a la ciudadanía de lo que presumiblemente hicieron, diputadas y diputados de Morena, PRI, PAN, PRD y PANAL ya se van, aunque para el informe hayan recibido un “jugoso” presupuesto. ¿Se embolsarán o devolverán el recurso?
