El pasado domingo arrancaron las campañas donde juristas aspirantes a los cargos de jueces, ministros y magistrados, participarán en la elecciones de la reforma judicial.
¿Pero qué se espera de estas elecciones? El más grande temor que existe es que no haya gran participación ciudadana que acuda a las urnas el próximo 1 de junio.
Y es que luego de la gran participación en las últimas dos elecciones presidenciales, se podría pensar que un gran porcentaje de ciudadanos acudirán a las urnas. Sin embargo parece que la realidad es otra.
Esta elección de personas juzgadoras no garantiza que lleguen al Poder Judicial los mejores juristas, o ni siquiera quienes realicen la mejor campaña. Porque a través de las campañas no hay manera de que la gente conozca bien a los aspirantes, ya que son pocos los juristas que están en los reflectores.
Como se recordará, la reforma judicial nació por una propuesta que presentó en febrero de 2024 el entonces Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. El motivo que explicó, fue democratizar la judicatura y evitar la corrupción en los cargos, además de que el poder judicial estuviera más cercano a la gente, por lo que todos los impartidores de justicia a nivel federal y estatal deben ser elegidos por voto popular.
Una de las preocupaciones de este esquema, es el riesgo de politizar el poder judicial y este fenómeno ya se presentó en 2011 y 2017 en Bolivia, único país en América Latina que adoptó este sistema de selección de impartidores de justicia.
El problema es que en Bolivia no se pudo eliminar la corrupción y se vio una intervención de partidos políticos en las elecciones, lo que contaminó y desprestigió el proceso, y por tal motivo las terceras elecciones programadas para el año pasado no se realizaron y quedaron postergadas.
Por ello el fantasma de Bolivia aqueja a México y su futura elección de jueces. De igual modo son muchas las personas que desconocen la forma en que se llevarán a cabo las elecciones y además de no conocer a los participantes, puede influir en un gran sector poblacional que opte por quedarse en sus casas el domingo 1 de junio.
Por otro lado existe un viso de esperanza que la ciudadanía le otorgue la confianza al proceso de elección para combatir las malas prácticas que tanto daño le han hecho a la justicia en México.
La decisión final recae en los votantes.
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