La estrategia de seguridad implementada en México durante las últimas dos décadas ha demostrado ser un rotundo fracaso. Aunque no se puede ignorar el impacto de las condiciones estructurales existentes antes de la llamada “guerra contra el narcotráfico”, la militarización y la falta de una estrategia más integral han producido efectos adversos que, lejos de mejorar la situación, han contribuido a su agravamiento. Desde 2006, más de 400 mil personas han sido asesinadas en México, y las desapariciones han superado la preocupante cifra de 100 mil. El caso de las mujeres es similar: según datos de Data Cívica, el número de mujeres asesinadas en el país ha aumentado un 127% en el mismo periodo.
Mientras tanto, la ya compleja relación entre México y Estados Unidos ha alcanzado niveles significativos de tensión en los últimos años. El gobierno electo de Donald Trump ha dado un lugar primordial a la lucha contra del crimen organizado en México, llegando incluso a calificar a los cárteles como “terroristas”. Este enfoque no es menor, ya que refleja una creciente presión hacia México para frenar el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos. Las declaraciones de sus colaboradores han insinuado posibles intervenciones, con niveles de participación aún inciertos, para combatir a estos grupos criminales.
Por otro lado, en el plano nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum ha apostado por un cambio de rumbo al apoyar a Omar García Harfuch, exsecretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, quien ahora lidera la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a nivel federal. Con el respaldo de la Presidenta, su amplia experiencia y las extensas facultades que tendrá la Secretaría, Omar se perfila como pieza clave para implementar una estrategia más coordinada y eficiente en la lucha contra la violencia y la corrupción.
La reciente reforma al artículo 21 constitucional, aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados y enviada a las legislaturas de los estados, refuerza significativamente a la SSPC. Esta reforma no solo otorga a la secretaría mayores capacidades operativas, sino que también establece su papel central en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, la coordinación del sistema nacional de inteligencia y la homologación de estándares en materia de seguridad en los tres niveles de gobierno. Además, amplía sus facultades de investigación en colaboración con la Fiscalía General, la Guardia Nacional y las policías locales.
En este contexto, García Harfuch ya ha comenzado a demostrar un liderazgo contundente. El reciente Operativo Enjambre, ejecutado en coordinación con diversas fuerzas federales y estatales, es un ejemplo claro del nuevo enfoque. Este operativo ha desarticulado redes de corrupción que permitían la operación de grupos criminales, incluyendo la emisión de 14 órdenes de aprehensión contra funcionarios locales del Estado de México, entre ellos presidentes municipales y mandos de seguridad. El mensaje es claro: no habrá impunidad, sin importar el cargo o afiliación política.
Este giro estratégico, que se aleja de lo que se hizo durante el sexenio pasado, también busca enviar una señal al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump: México tiene la capacidad y la determinación de enfrentar la corrupción y la violencia, y lo hará sin titubear.
Omar García Harfuch enfrenta un desafío monumental y la tarea no será nada fácil. Pero aún con un escenario complejo y sin tener todas las herramientas necesarias para lo que se requiere, empieza a dar resultados. La determinación mostrada hasta ahora marca el inicio de un esfuerzo que podría transformar la seguridad en México y, finalmente, romper el ciclo de violencia que tanto daño ha causado.
@EuniceRendon
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