El próximo gobierno de Donald Trump ha prometido llevar a cabo una deportación masiva de migrantes indocumentados, un enfoque que se refleja claramente en la conformación de su gabinete, el cual respalda su postura radical y agresiva hacia la migración. Esto genera incertidumbre entre los aproximadamente 11 millones de migrantes indocumentados que residen actualmente en Estados Unidos, la mayoría de los cuales lleva más de diez años en el país. Durante su mandato anterior, Trump deportó a 1.5 millones de migrantes, una cifra similar a la del gobierno de Biden y menor que la registrada durante la administración de Obama. Aunque su gobierno ha prometido llevar a cabo “la mayor deportación de inmigrantes irregulares de la historia”, Trump enfrentará importantes limitaciones económicas, legales y logísticas que pondrán en duda la viabilidad de implementar esta medida a gran escala.
Primero, los tribunales de inmigración están saturados, con más de 3.5 millones de casos pendientes; destrabar esta situación requeriría una expansión importante del sistema judicial migratorio. Segundo, deportar a un millón de personas durante su primer año de mandato, requeriría también la colaboración de los Servicios de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) con diversas autoridades locales para darse abasto, situación que podría darse fácilmente en algunos estados como Texas, pero no en otros. El ICE cuenta con solo 20,000 agentes, insuficientes para deportar a 1 millón de personas en un año; aumentar sus filas para lograr las metas mencionadas demandaría una inversión de al menos $100 mil millones y una reestructuración del sistema de detención y deportación. Tercero, se generarán demandas legales por parte de organizaciones de derechos humanos y afectados.
Todo lo anterior, aunado al establecimiento de campamentos de detención y el incremento de controles fronterizos, implicaría una inversión exorbitante. Además, las deportaciones masivas tendrían un alto costo político, ya que requerirían negociaciones con los países receptores, sin mencionar el impacto económico de la mano de obra migrante en Estados Unidos que pasaría a formar parte del contingente expulsado.
En el mismo contexto, otra de las amenazas que Trump y el próximo vicepresidente J.D. Vance han hecho, es eliminar beneficios migratorios o estatus especiales de protección como el TPS, que permite a los migrantes que ya están en Estados Unidos permanecer y trabajar legalmente si se considera que sus países de origen son inseguros o pasaron por algún desastre natural, y que actualmente protege a cerca de un millón de migrantes de 17 países; o el DACA, para los migrantes llegados durante la infancia. Esto plantea graves repercusiones humanas y socioeconómicas, ya que muchos de sus beneficiarios son trabajadores esenciales en sectores clave como agricultura, construcción, salud y tecnología.
La promesa de deportaciones masivas de Trump parece más una estrategia política que una solución realista. No obstante, debemos estar seguros de que Trump y su flamante gabinete pondrán sobre la mesa mensajes y acciones ejecutivas agresivas y radicales para mostrar a su audiencia que están cumpliendo con lo prometido. Desafortunadamente, el mayor daño será la dinámica de miedo, xenofobia y racismo que estas amenazas generan a nivel comunitario y social.
Para México, la posible intensificación de deportaciones de connacionales y el retorno de migrantes de otros países hacia su territorio, que probablemente impulsará el gobierno de Trump, representa un desafío que exige una respuesta estratégica. El gobierno mexicano debe actuar con cautela e inteligencia en sus negociaciones, evitando aceptar políticas como “Quédate en México” o el Título 42, sin obtener beneficios claros a cambio. Es fundamental que México defienda los derechos humanos y la seguridad de sus ciudadanos y migrantes, contando con un equipo capacitado y experimentado para proteger sus intereses.
@EuniceRendon
