La complicada relación México-Estados Unidos en materia de seguridad se debate entre una histórica desconfianza entre el Ejército y las agencias de seguridad estadounidenses, y una creciente interdependencia; y en la necesidad de ambos Estados en mantener una cooperación armónica y constructiva, a pesar de viejos rencores e intereses muchas veces opuestos.

De todos los temas comunes, la migración y la seguridad son los que más han ocupado la agenda bilateral. El primero, marcado por los aumentos en los flujos migratorios y sus causas, principalmente la violencia. El segundo, por la creciente preocupación de los norteamericanos respecto del tráfico de drogas —especialmente el fentanilo— de sur a norte, el tráfico de armas de norte a sur y la diversificación de las actividades delictivas del crimen organizado transnacional que opera en ambos lados de la frontera. Si ambos Estados comparten estos problemas y dificultades, no sucede así con la narrativa sostenida por sus gobiernos, ni con su apuesta para solucionarlos.

Derivado de la fuerza y poder que los militares han adquirido durante este sexenio, la relación con Estados Unidos en materia de seguridad ha estado marcada por un menor entendimiento y falta de coordinación. Coinciden en que los problemas comunes requieren soluciones comunes, pero como suele suceder cuando hay una asimetría entre los Estados, la relación no ha sido equitativa.

La estrategia estadounidense, impuesta en la agenda bilateral, se concentra en la lucha contra el tráfico de drogas (menos así en atender las adicciones en su población), y en la captura de los capos de la droga en México. El tema del abastecimiento de armas estadounidenses a los criminales mexicanos parece ser menos importante para nuestro vecino y a pesar de que México ha hecho algunos esfuerzos por visibilizar el tema, poco ha logrado en términos reales. De acuerdo con la narrativa estadounidense, tanto la migración como el tráfico de drogas son problemas mexicanos, que el gobierno de nuestro país no ha sabido resolver.

En México faltan estrategias eficaces para atender la violencia y la inseguridad, que han prosperado como nunca. EU parece tener una crisis de identidad, el gobierno de Biden adapta su postura a las circunstancias y busca capitalizar sus últimos días en la presidencia, aunque sea a expensas de las buenas relaciones con su vecino.

Los resultados más destacados de la cooperación binacional siguen un patrón similar al de sexenios anteriores, con capturas espectaculares coordinadas por el FBI y la DEA. Sin embargo, es cada vez más evidente que Estados Unidos está dispuesto a actuar sin la cooperación de México y, peor aún, sin su consentimiento. La detención de Salvador Cienfuegos en 2020, sin conocimiento previo de las autoridades mexicanas, fue vista como un gesto de desconfianza y una muestra de mala coordinación. La tensión con la DEA, presente desde el asesinato del agente Enrique Camarena en 1985, se reaviva tras el fallido arresto de Ovidio Guzmán en 2019, que expuso el descontento estadounidense con el manejo del caso por parte del gobierno mexicano. Finalmente, la rápida extradición de Ovidio Guzmán a Estados Unidos en 2023 subraya esta dinámica. Como pieza culminante, la aparente entrega de “El Mayo” Zambada, por parte del hijo de “El Chapo” Guzmán, negociada directamente con Estados Unidos y sin conocimiento del gobierno mexicano.

Existen aún muchas incógnitas en el caso; sin embargo, es evidente que la presión de EU sobre nuestro gobierno está en aumento. Están dispuestos a actuar con o sin el conocimiento de autoridades mexicanas, incluso en territorio mexicano, lo que plantea una violación a nuestra soberanía, y a la Ley de Seguridad Nacional que fue reformada de manera exprés por el Congreso en 2020 para establecer nuevos controles a la presencia de agentes extranjeros. El mensaje es claro: la intromisión puede ocurrir tanto de manera amistosa como coercitiva, ni los acuerdos bilaterales ni el derecho internacional parecen ser obstáculos para Estados Unidos.

@EuniceRendon