En julio de 2021, la entonces comisionada nacional de búsqueda, Karla Quintana, habló por primera vez de la existencia en México de “sitios de exterminio”.
Por entonces, en el país se hablaba solo de fosas clandestinas, que iban apareciendo por millares. Quintana denunció que en seis estados se habían hallado “no solo fosas clandestinas para esconder cuerpos” sino grandes sitios de desaparición y exterminio donde los cuerpos de cientos de víctimas habían sido disueltos en ácido o calcinados en tambos y agujeros practicados en la tierra.
Ese año la Comisión Nacional de Búsqueda convirtió en noticia nacional el hallazgo de uno de esos campos, ubicado en el kilómetro 26 de la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, un lugar donde más de 100 personas habían desaparecido ese año. En todos los casos, fue ahí donde se perdió el rastro de sus teléfonos celulares.
El equipo de Quintana halló en aquel sitio “un crematorio clandestino de importantes dimensiones”. Había miles de fragmentos óseos, muchos de ellos calcinados. En la tierra había también teléfonos celulares, ropa, credenciales del INE, palas, hachas y toda clase de instrumentos para cortar.
Quintana denunció en ese tiempo que en México no había sentencias por este tipo de crímenes, ni grandes causas judiciales abiertas. Había, además, una grave crisis forense con miles de cuerpos sin identificar.
Al gobierno de Andrés Manuel López Obrador no le gustó la aparición de aquel término. ¿Sitios de exterminio cuando el país vivía “momentos estelares”? Quintana explicó: eran sitios de exterminio “porque son crematorios en donde se ha intentado desaparecer y pulverizar a centenares de personas con la finalidad de que no quede ningún rastro de ellas”.
Gracias al esfuerzo de los colectivos y de la Comisión Nacional de Búsqueda se tuvo que reconocer, por ejemplo, la existencia del campo de exterminio conocido como La Bartolina, de donde se extrajeron 500 kilos de fragmentos óseos. En esos días, el colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos reveló la existencia de cinco sitios de exterminio en el noroeste del país, en donde habían sido hallados más de 600 mil restos óseos.
Todos esos centros eran semejantes al rancho del horror recién hallado en Teuchitlán. Había fosas, hoyos para quemar o contenedores para disolver cuerpos, así como áreas usadas como campamentos. Pero había sobre todo restos. Restos de incontables víctimas. Según Quintana, solo entre 2009 y 2013 habían funcionado centros de desaparición a lo largo de 150 mil kilómetros cuadrados: entre la frontera, el Golfo de México y la zona de La Laguna. Ella denunció: “¿Cómo puede suceder algo de estas dimensiones? La gente sabía, las autoridades sabían…”.
López Obrador ni siquiera volteó a mirar los campos que proliferaron durante su sexenio. En mayo de 2022 soltó esta frase frente a la nación: “Nosotros cuidamos a los integrantes del crimen organizado, también son seres humanos”.
Pero comenzó a molestarle la idea de que, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, el suyo pasaría a la Historia como el sexenio con mayor número de personas desaparecidas en México. Quiso quitarle a Quintana el padrón. Como no lo consiguió, mandó a Alejandro Encinas a pedirle la renuncia y ordenó a los Servidores de la Nación que hicieran su propio censo.
Quintana denunció que la intención de AMLO era clara: “reducir los reportes de desaparición, principalmente en este sexenio”. Dijo: “El nuevo censo solo se está haciendo con la finalidad de reducir el registro de personas desaparecidas en un periodo particular”. Ese periodo era el sexenio de AMLO. Se trataba de diluir el problema, no de resolverlo.
Tras esta denuncia, López Obrador acusó a Quintana de alterar el padrón para afectar su gobierno. Aún más: la acusó de ser una infiltrada de la derecha y de estar al servicio de la OEA, “que es muy cercana al Departamento de Estado”.
El escándalo de los casi 60 mil desaparecidos durante el sexenio de López Obrador, en el que además se localizaron tres mil fosas, algunas con más de 100 cuerpos, terminó de reventar con la aparición del rancho del horror de Teuchitlán, que se convirtió en noticia mundial.
En la misma línea de López Obrador, la presidenta Claudia Sheinbaum acaba de afirmar que el escándalo que siguió a la aparición del rancho de Teuchitlán es un complot de la derecha calderonista. Llamó carroñeros a los escandalizados, mientras sus huestes, para empezar, desataban una campaña de linchamiento y desautorización de las madres buscadoras.
Probablemente terminarán por imponer una narrativa según la cual Teuchtitlán es un invento, como ya lo sugirió la Rayuela de La Jornada. Pero la existencia de centros de exterminio está más que documentada, sobre todo durante el sexenio de AMLO, a quien, a pesar de sus insultos, la crisis de los desaparecidos finalmente le estalló en la cara.
En medio año de gobierno, Sheinbaum acumula ya seis mil desaparecidos. Las medidas que anunció ayer para fortalecer la Comisión Nacional de Búsqueda no hacen sino darle la razón a Karla Quintana y ponen de manifiesto los años que se perdieron mientras López Obrador enviaba abrazos a los criminales.
