“Si vamos a seguir trabajando lo tenemos que quitar del camino, ya para que lo maten. Denle cuello en Zacazonapan, ahí se los mando. Los quiero a los dos muertos y podremos trabajar bien”.

Se trata de un fragmento de la conversación que la alcaldesa morenista de Amanalco, María Elena Martínez Robles, sostuvo telefónicamente con un jefe de plaza de la Familia Michoacana: Pablo Hernández Hernández, El Pelón.

El 25 de enero de 2023, la alcaldesa le ordenó al síndico Guillermo Jerónimo Roque, así como a otro funcionario, Miguel Ángel Lara Cruz, que se trasladaran a Zacazonapan. El grupo armado que los esperaba en la carretera los ejecutó.

Personal de inteligencia de la fiscalía de justicia del Estado de México detectó que, con ayuda del tesorero Isaac Marcos Flores, la alcaldesa desviaba recursos que eran entregados a la Familia Michoacana.

La alcaldesa Martínez Robles era uno de los objetivos del Operativo Enjambre: una investigación que la fiscalía mexiquense armó a lo largo de 20 meses a fin de cortar los vínculos entre alcaldes y directores de seguridad pública de diez municipios con organizaciones delictivas como la Familia Michoacana, el Cártel Jalisco, la Unión Tepito y el grupo criminal conocido como Nuevo Imperio, entre otras.

Según fuentes del estado, las carpetas se fueron armando de manera independiente. Para evitar filtraciones se armó un grupo de trabajo específico que le reportaba directamente al fiscal José Luis Cervantes Martínez.

Hasta ese grupo llegó información sobre la alcaldesa de Santo Tomás de los Plátanos, María del Rosario Matías Esquivel, postulada por el PRD. Para llevar a cabo su campaña había contraído con los jefes de la Familia Michoacana una deuda de 15 millones de pesos que se comprometió a cubrir con recursos públicos.

La Familia Michoacana le allanó el camino a la presidencia: secuestró al suegro de la candidata de Morena, a la que las encuestas favorecían. La aspirante recibió una llamada: “que no era el primer aviso y que se bajara de la campaña o los siguientes eran sus hijos”.

La aspirante se bajó y Matías Esquivel ganó. Según la investigación, bajo su administración permitió que se cometieran secuestros, extorsiones, despojos de predios e inmuebles. No solo eso, acarició la idea de dejar a su esposo, Pedro Luis Hernández de Paz, como presidente de Santo Tomás para el periodo 2025-2027. De hecho, este solicitó la ayuda de La Familia para que el suegro de la otra contendiente fuera secuestrado: El Tuza, mano derecha de El Pez y El Fresa, los dos líderes de la FM, le llamó para informarle: “Ya está hecho”.

Hernández de Paz fue declarado ganador de las elecciones el 2 de junio pasado. Cuando se desplegó un operativo conjunto para detenerlo al lado de su esposa, los halcones avisaron de la movilización. La alcaldesa y el alcalde electo dejaron sus teléfonos encendidos en su casa, para evitar que los siguieran, y se esfumaron. Según las fuentes consultadas se trasladaron a Guerrero para buscar la protección de sus cómplices.

El pasado 10 de mayo un grupo armado llegó a una fiesta con la orden de asesinar a un narcomenudista apodado El Barny. El Barny acababa de irse, pero los sicarios del grupo Mafia Nueva, jóvenes y drogados, abrieron fuego contra las mujeres que celebraban el Día de las Madres. Seis de ellas perdieron la vida. El ataque dejó un total de ocho muertos. Los agresores llegaron y se fueron bajo el resguardo de policías municipales que formaban parte de una red de protección tejida por el director operativo Rodolfo Chávez Torres y por el jefe de región, Roberto Malpica Santos. En los análisis de telefonía se identificó que ambos tenían vínculos con el Cártel Jalisco, la Familia Michoacana y Mafia Nueva. Fueron dos de los siete detenidos en el operativo, donde también fue aprehendido el subdirector de la policía de Naucalpan, Omar Leyva Montalvo, ligado al cártel Nuevo Imperio.

Otras líneas llevaron a la fiscalía a Tonatico, donde el esposo de la presidenta, Ellery Guadalupe Figueroa, vendía protección a la mafia; a Chimalhuacán, donde el hermano de la alcaldesa era el jefe de plaza de un grupo criminal, así como a Coacalco, donde las autoridades protegían a la Unión Tepito y al Cártel Jalisco.

Chicoloapan, Tejupilco, Jilotzingo y Texcaltitlán fueron otros de los municipios incluidos en la investigación a través de la cual las autoridades fueron por alcaldes y mandos policiacos que estaban coludidos, facilitaban o participaban en las actividades del crimen organizado: alcaldías gobernadas por Morena, el PT, el PRI, el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano.

A mediados de octubre, personal de la fiscalía y la secretaría de seguridad pública del Edomex se reunieron con Omar García Harfuch para planear el Operativo Enjambre y diseñar el despliegue operativo de los 1,500 elementos y las 14 células que tomaron parte en la operación. Ahí se comenzó a discutir cómo incursionar, cómo salir, en dónde certificar a los detenidos y a qué penales llevarlos.

Se diseñaron escenarios en caso de que grupos criminales intentaran impedir la captura de los objetivos y en caso de que pobladores no dejaran salir a las fuerzas, sobre todo en la región sur del Edomex.

Fueron dos meses de planeación y un operativo simultáneo que se disparó en cuanto se liberaron las órdenes de aprehensión.

El director de seguridad de Texcaltitlán, Isidro Cortés, se pegó un tiro cuando iban a detenerlo. Sus agentes habían entregado a la Familia Michoacana a algunos de los pobladores de Texcapillla que en diciembre del año pasado se rebelaron contra las extorsiones del grupo criminal y asesinaron a 14 de sus sicarios. Hasta donde se sabe, al menos ocho de esos pobladores realizan trabajos forzados para el Pez y El Fresa en el municipio de Arcelia.

El Operativo Enjambre demostró hasta qué punto han sido corrompidos e infectados los partidos políticos. Hasta qué punto hemos perdido el país y hasta qué punto el crimen organizado gobierna la vida de millones de personas.

En un solo día salió tanta mugre, qué uno se pregunta quién rendirá cuentas sobre el estado al que llegaron las cosas. Desde luego, no unos alcaldes, no unos directores de seguridad. Arriba, más arriba, hay un responsable.

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