La prensa ha interpretado el anuncio de las 18 reformas constitucionales (y dos legales) del presidente López Obrador como un cálculo electoral.

Ciertamente, hay un juego político de cara a la elección de este año, donde el presidente será un actor central hasta el último día de su mandato. La reforma al sistema de pensiones —donde se propone algo tan inviable como el que los trabajadores se retiren con el 100% de su salario— es solo una de las iniciativas que se inscriben en ese sentido. Aun así, el paquete propuesto por AMLO debe leerse al menos en tres niveles:

1. El primero y más importante —que poco anticiparon los medios— tiene que ver con blindar su legado y evitar retrocesos en futuros gobiernos. Buena parte de las reformas presentadas buscan llevar a la Constitución los principales avances de su gobierno en materia social para que estos sean considerados como derechos.

Así, por ejemplo, si ya era un derecho universal la pensión para adultos mayores (plasmado en el artículo cuarto por una reforma propuesta por esta administración), ahora también lo serán las becas Benito Juárez a estudiantes de escasos recursos, y el sentido de programas como Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro o Producción para el Bienestar

Incluso en materia de salario mínimo —donde este gobierno ha desplegado una política de aumentos significativos para recuperar su valor real— ahora se plantea algo bastante sensato, e incluso justo: la prohibición de fijarlo por debajo de la inflación. De esta manera, se evitaría que el salario mínimo vuelva a perder poder adquisitivo, como lo hizo durante cuarenta años.

En otro orden, si a golpe de decretos se prohibió el maíz transgénico, y establecieron medidas de austeridad, ahora todo esto tendrá fuerza de ley, en este último caso a través de una Ley General aplicable a todos los poderes y autoridades del Estado.

Incluso si este gobierno, como política, dejó de otorgar concesiones para la minería a cielo abierto, ahora se avanza en su prohibición, junto con otra práctica igualmente dañina al medio ambiente como es el fracking. Todo esto es digno de celebrarse.

Menos alentador es que López Obrador haya incluido dos reformas que refuerzan el decadente enfoque prohibicionista de las drogas, como es la prohibición del consumo de fentanilo y la venta de vapeadores.

2. El segundo nivel de su paquete de reformas tiene que ver con revivir batallas del presidente con otros poderes y órganos del Estado, algunas con razón, otras por mera obcecación.

Para bien, AMLO reflota asuntos que ya habían estado en la agenda y que lamentablemente el Congreso rechazó, como el insistir en reducir el financiamiento a los partidos políticos a la mitad, o adelgazar las estructuras burocráticas de las instituciones electorales, cosa que debe hacerse, pero con cuidado.

Para mal, se reviven algunas batallas hasta ahora perdidas, como la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, y se plantea —a rajatabla y con un simplismo que impide una discusión racional— la desaparición de 18 órganos autónomos, incluidos algunos relevantes y socialmente útiles como el Coneval, que dista de ser institución “neoliberal”.

Surgen dentro de las propuestas, también, algunas que parecen emanar de la necedad presidencial, como la desaparición de los plurinominales, y otras probablemente demagógicas, como la elección popular de ministros, magistrados, jueces y hasta consejeros del INE.

Por último, hay un tercer nivel en las iniciativas del presidente que podría leerse como un reconocimiento implícito —silencioso quizás— de lo que debió hacerse y no se hizo.

Un ejemplo de ello es la reforma del poder judicial. Si bien hay elementos de la propuesta difíciles de compartir, al menos uno debió ser parte de la reforma que Arturo Zaldívar no entregó en su momento, porque no quería renunciar a su propio poder. Tal es el caso de la separación de la presidencia de la Corte y del Consejo de la Judicatura, que hoy recae en una sola persona.

En esa línea, la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal por un órgano de administración judicial y un Tribunal de Disciplina Judicial, independiente de la Corte, podría permitir —si se encauza adecuadamente— desplegar una estrategia para limpiar de corrupción nuestro putrefacto Poder Judicial. Sobre esto escribiré próximamente.

@HernanGomezB