Hay mucho ruido alrededor de la iniciativa de nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión que presentó la Presidenta la semana pasada, y ese ruido distrae: el spot antinmigrante de Trump; la promesa de Sheinbaum de cambiar lo referente al bloqueo de plataformas digitales; la elocuencia de Ricardo Anaya; el eco que repite ¡#LeyCensura #LeyCensura! Todo esto es pasajero.
Simplificar el asunto y reducirlo a símbolos que soslayan el contenido de las iniciativas es una buena estrategia política, pero es muy mala idea si queremos tener buenas leyes de telecomunicaciones y competencia en México; esto nos hace perder exhaustividad y profundidad en el análisis, porque existen problemas transversales graves en estas iniciativas que se están dejando de lado. Le cuento dos:
LEY ANTINVERSIÓN. Mientras todos se concentran en uno o dos artículos, se diseña un cambio profundo de las reglas del juego.
Se consolida la idea del Estado-operador que inició AMLO y se modifican las reglas para los inversionistas.
Se faculta al Estado a competir en condiciones preferenciales con espectro gratis, mientras los privados deben licitar y pagarlo; además, su operación queda exenta de regulación, pues la iniciativa en materia de competencia excluye de su aplicación a todas las empresas del Estado.
Todo esto viola la neutralidad competitiva, tratados internacionales y, peor, queda el precedente para extender esto a otros sectores. Adiós inversiones.
DISEÑO INSTITUCIONAL. El IFT nació como órgano autónomo en 2013, sustituyendo a la Cofetel, un desconcentrado que, si bien dependía de la SCT, tenía cierta autonomía técnica y de gestión.
Al IFT se le construyó un marco constitucional y judicial, a fuerza de largos y difíciles juicios, que dibujó una institución con poderes especiales, cuasi ejecutivos, cuasi legislativos y cuasi judiciales, como dijo la Corte, al grado de eliminar los recursos administrativos y hasta la suspensión en los juicios de amparo en contra sus resoluciones.
La gobernanza de un órgano colegiado con comisionados nombrados por méritos, transexenales, con remoción por causa grave, con un consejo consultivo, con reglas de transparencia y rendición de cuentas, entre otros elementos, intentaba garantizar la independencia de sus decisiones tanto del poder político como del poder conómico, y aunque no lo logró totalmente, sí mejoró frente a lo que teníamos antes.
Producto de esta reforma, por ejemplo, fue la llegada a México de AT&T, de los operadores móviles virtuales, así como nuevas licitaciones de radio y televisión que antes eran privilegio de unos cuantos.
Con la eliminación de los autónomos llegaron la promesa de una nueva ley, aunque la iniciativa copia la mayoría de la vigente, y el nacimiento de una secretaría llamada Agencia para la Transformación Digital y de Telecomunicaciones.
El asunto es que en la reforma constitucional que desaparece al IFT le dejaron a la agencia los superpoderes que tenía el instituto como autónomo; incluso, la iniciativa le otorga facultades, algunas inconstitucionales, para elaborar normas generales sobre materias que son exclusivas del legislador.
Todo esto desnaturaliza los límites que debe tener el Poder Ejecutivo frente a otros poderes y frente a los particulares.
La Presidenta promete diálogo, pero no ha ofrecido ajustes a las iniciativas, más allá de modificar el ya famoso artículo 109. Entre las divisiones internas de Morena y la prisa por aprobar los textos, esto podría terminar untando un poco de maquillaje a textos que en realidad requieren cirugía mayor.
Abogada, presidenta de Observatel y comentarista de Radio EducaciónX y Threads: @soyirenelevy
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