El sábado 12 de octubre pasará a la historia como uno de los días más bochornosos para el constitucionalismo mexicano. Ese día, el proyecto de vida de cientos de personas que decidieron dedicar su carrera a servir a México desde el poder judicial quedó a merced de una tómbola. La suerte definió su futuro. Millones en México y en el mundo fuimos testigos de este burdo circo parlamentario.
Desde el oficialismo, algunas voces intentan justificar el espectáculo, argumentando que no es más que la aplicación de la ley. Y algo de razón tienen. Por más absurdo que parezca, la mal llamada reforma judicial, entre otras aberraciones, constitucionalizó la tómbola judicial en dos supuestos.
La primera tómbola judicial se estableció para definir qué cargos serán elegidos el próximo año y cuáles en 2027. Así lo dispuso el artículo segundo transitorio de la reforma, donde se establece que los cargos a elegir en 2025 “serán seleccionados mediante insaculación pública, tomando como base la renovación de la mitad de los cargos que correspondan a cada especialización por materia”. Ese fue, precisamente, el sorteo que presenciamos el sábado. Y quizá el único aspecto positivo es que, en principio, esta tómbola se realizará una sola vez.
La segunda tómbola, en cambio, es permanente. Aunque resulte difícil de creer (o no), el expresidente López Obrador presentó una iniciativa de reforma que, entre otras cosas, era prácticamente imposible de implementar debido al enorme número de candidaturas que se tendrían que elegir. En su momento, alguien se tomó la molestia de calcular cuántas candidaturas habría que elegir solo en la Ciudad de México. Los resultados fueron simplemente ridículos: cada ciudadano, según este cálculo, debía considerar 2,088 candidaturas para elegir 352 cargos. Un verdadero despropósito.
La solución a una reforma improvisada fue otra improvisación desde el púlpito presidencial. En una conferencia matutina, el expresidente López Obrador se preguntó y respondió a sí mismo: “¿Y si quedan muchos? ¿Cómo le llaman a la rifa? Insaculación. Para que no se burlen, para hablar físico. La suerte, órale, vamos. Y democrático: que el pueblo decida”. Lo que parecía una ocurrencia más pronto se convirtió en una reforma constitucional.
La ocurrencia presidencial quedó plasmada, de manera permanente, en el artículo 96 de la Constitución. Este artículo establece que, para reducir el número de candidaturas, los comités de evaluación “depurarán” las listas de las personas mejor evaluadas “mediante insaculación pública para ajustarlas al número de postulaciones para cada cargo”.
En otras palabras, habrá también una tómbola para reducir el número de personas que podrán aparecer en las boletas. Y esto no ocurrirá una sola vez, sino en cada proceso en el que se elija, nada más y nada menos, a quienes ocuparán prácticamente todos los cargos judiciales federales, desde la Suprema Corte hasta los juzgados de distrito.
Ambos sorteos son profundamente problemáticos. En el primer caso, se utilizó la tómbola para ejecutar una purga de proporciones históricas: para decidir a qué personas juzgadoras se les dejará de respetar su periodo de nombramiento en 2025 y a cuáles en 2027. En el segundo caso, se utilizará la tómbola para que no lleguen a la boleta las personas mejor evaluadas, sino aquellas que tengan la suerte de ganar una rifa.
Estamos ante una reforma que constitucionalizó el azar para violar derechos y despreciar el mérito. En pocas palabras, el constitucionalismo mexicano pondrá los sorteos al servicio de una reforma regresiva y autoritaria. Lo más preocupante es que el sorteo del sábado no será el único, ni la vulneración a la inamovilidad judicial será la última transgresión de derechos provocada por esta reforma. Salvo que, por supuesto, la Suprema Corte diga lo contrario en las próximas semanas.
Javier Martín Reyes. Investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. X: @jmartinreyes.
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