El pasado 30 de octubre la presidenta Claudia Sheinbaum firmó y envió a la Cámara de Diputados su iniciativa para reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) para armar la nueva estructura de las dependencias a su cargo, con las cuales gobernará en los siguientes años. La iniciativa trae la rúbrica e iniciales de quien la revisó: EGR (Ernestina Godoy Ramos, consejera jurídica del Ejecutivo federal).

La gran sorpresa es que la iniciativa está mal hecha y, en un craso error, la dependencia encargada de cuidar legalmente a la Presidenta, de representar a la Federación en todo tipo de litigios y de coordinar todas las iniciativas legales del Ejecutivo se DESAPARECIÓ, o más bien, se autodesapareció, pues se “borraron” de lo que enviaron al Congreso de la Unión.

Por increíble que parezca, en la iniciativa de LOAPF, en su capítulo II, titulado ‘De la Competencia de las Secretarías de Estado y Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal’, se enumeran todas las secretarías de Estado, pero al agregar a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (como nueva secretaría) ocuparon el renglón de la Consejería y ya no pusieron nada sobre ella. Así que la Consejería se desapareció de la ley, concretamente del artículo 26.

Lo peor es que este evidente error no lo identificó tampoco la Cámara de Diputados y así se aprobó y envió al Senado, por lo que el error ya es minuta en la cámara revisora.

La Consejería Jurídica no desaparece, pues, afortunadamente para sus funcionarios, tiene su fundamento en el artículo 90 de la Constitución. Pero sí deja ver lo mal que se están haciendo las cosas en lo legal en una dependencia de la máxima importancia y la que, entre otros temas, debería asesorar a la Presidenta en todos “los proyectos de tratados a celebrar con otros países”.

¿Con una dependencia que comete estos errores vamos a negociar en 2026 el tratado de libre comercio 2026 con los nuevos funcionarios rudos de Estados Unidos y hasta con los de Canadá, quienes ya nos “desconocieron” como socios comerciales?

Últimamente se han cometido varios errores legales en lo que se envía y/o aprueba en el Congreso. Un breve listado: la reducción de presupuesto a la UNAM y el IPN, los dos métodos distintos para nombramiento del siguiente presidente de la SCJN, la capacidad de veto que se querían dar los comités de evaluación de jueces, contraria a la Constitución, la aprobación de la iniciativa en diputados para dar becas a jóvenes que no estudian ni trabajan (de 18 a 29 años), que tuvo que ser frenada en el Senado al no haber dinero para ellos, etcétera.

Estos errores denotan que ni el Ejecutivo ni el Legislativo están haciendo su función. Aquí en México, con el control total que hay de dos Poderes de la Unión y la sumisión/desaparición que están haciendo de todos los jueces del país, se podrá decir que no pasa nada. Pero sí pasa, pues en el mundo real nos van a ganar batallas legales que importan. Como ejemplos están el panel arbitral sobre maíz transgénico que perdimos recientemente y los temas comerciales e internacionales que se nos vienen encima.

La triste y preocupante realidad es que esto evidencia que NO hay quien cuide a la Presidenta en los temas legales, y tampoco hay quien cuide a la consejera jurídica, pues esto es un inaceptable error de su equipo. También es preocupante que a la Consejería Jurídica le presupuestan 149 millones de pesos para el año entrante, 13% menos de lo que recibió este año y apenas 0.007% del presupuesto del resto de las dependencias del gobierno federal. ¿Eso vale la seguridad jurídica de lo que haga el Ejecutivo federal y de la Presidenta?

Con estos poquísimos recursos van a seguir teniendo personal deficiente y los errores se seguirán cometiendo, con un alto costo para el país y también en lo personal para Sheinbaum, quién en un futuro seguramente enfrentará litigios internacionales por varias de las acciones que está llevando a cabo. Ya lo de menos es la burla.

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