Esta semana inicia la discusión en la Cámara de Diputados de dos leyes que la semana pasada les envió la presidenta Claudia Sheinbaum: la del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la del nuevo Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Seguridad.
Ambas iniciativas son un cisma importante respecto a lo que se hizo, o más bien a lo que no se hizo en materia de seguridad el sexenio pasado. Éstas le darán al Estado mexicano, en particular a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) instrumentos no antes vistos para combatir la delincuencia. Las iniciativas van a ser aprobadas este mes y empezará un cambio radical en la relación entre dependencias públicas federales, entre la Federación y los estados, y entre el gobierno y los ciudadanos. ¿En qué consisten los cambios?
Primero, la creación de una nueva forma de hacer investigaciones y generar inteligencia implica que todos los sistemas de “inteligencia” de la Federación se deben conectar en tiempo real con la SSPC. Esto nunca había pasado por celo entre dependencias, por el cuidado de los informantes de cada una y, desde luego, porque entre ellas se espiaban como mecanismos de equilibrio institucional.
Ahora toda la información en materia de seguridad pública, lo que será amplísimo, de la Defensa Nacional, de la Guardia Nacional, de la Marina, la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Hacienda, el SAT, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Cancillería, la Agencia de Transformación Digital y hasta la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, entre otras, debe ser accedida en tiempo real por los operadores de la SSPC. Eso denota que quien tiene la confianza de la Presidenta para combatir con inteligencia la inseguridad es el secretario Omar García Harfuch.
En la relación de la SSPC con los estados y sus municipios, deben compartir obligadamente toda la información que tengan de seguridad y actualizar diariamente lo que generen, incluso de manera desagregada. Asimismo, por primera vez la SSPC va a regular a todos los centros de comando y control (los C4 y C5) del país. Hasta las academias de policía de los estados van a entrar bajo la supervisión de la Federación. Todo esto deja ver la desconfianza hacia los gobernadores.
Y, finalmente, con los ciudadanos —cada uno de nosotros— también habrá cambios importantes. Se creará un registro con información tanto oficial como de privados que contendrá datos de registros vehiculares, telefónicos, inmobiliarios y de comercio, de catastro, fiscales, de llamadas telefónicas y hasta nuestros datos biométricos (huellas e iris). Por cierto, es probable que se obtengan a partir de la base de datos del INE.
Las leyes están muy bien redactadas, algo poco visto en los últimos años con gobiernos de izquierda. Pero sí es un cambio sustantivo el que viene: se avecina un Estado policial sin precedentes y sin contrapesos.
Antes, cuando algunas de estas medidas se propusieron, como el uso de los biométricos (2021), la Suprema Corte y el INAI se opusieron judicialmente y la entonces intentona obradorista se detuvo. Ahora no habrá INAI y tendremos pronto otra composición de la Corte. No habrá quien le ponga freno al gobierno en caso de abusos.
También está el riesgo de errores. Hace un año hackearon las bases de datos de la Presidencia y todos los datos personales de los periodistas fueron robados. También a este gobierno ya le hackearon la base de datos de su Consejería Jurídica. Y, desde luego, en 2023, la Defensa Nacional sufrió un robo mayúsculo de información. Sería terrible que ahora roben toda esta información aglutinada en la SSPC.
También hay que tener cuidado sobre quiénes tendrán acceso oficial a toda esta data. En teoría, el personal que la use deberá estar evaluado y certificado en los siguientes seis meses. Ojalá así sea, o de lo contrario será una mina de oro para hacer extorsiones y secuestros.
México, con tanta inseguridad y tan extendida, no tiene muchas otras opciones para combatir al crimen organizado. El enfoque que viene, basado en inteligencia y espionaje, será intrusivo para todos, pero, señalando los riesgos, habrá que darle el beneficio de la duda a la Presidenta y a su secretario de Seguridad. De años atrás, ambos han dado buenas cuentas en la lucha contra la inseguridad. Aunque, confiar en el gobierno, en sentido amplio, a veces cuesta mucho trabajo, cuando tantos políticos vinculados al crimen organizado se pasean campantes y hasta se toman fotos mostrando impunidad. ¿No deberían empezar con ellos?
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