El Presidente de la República ha insistido en que los organismos autónomos no sirven para nada y cuestan mucho, por lo que en febrero enviará una iniciativa de ley a efecto de desaparecerlos. Al parecer, su disgusto es primordialmente con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Hoy abordaremos el IFT, que nos cuesta anualmente 1.7 mil millones de pesos y, también este año, ha entregado a la Tesorería de la Federación, vía lo que recauda como regulador, más de 19.4 mil millones de pesos.
Tiene una rentabilidad de más de 10 veces su presupuesto. Incluso, según su presidente, Javier Juárez, por cada peso que se le invierte al IFT, la “ganancia social” (ingresos a gobierno más reducciones de precios a consumidores) es de 45.5 pesos.
El Presidente quiere mandar las funciones del IFT, que es un órgano constitucional autónomo, a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). ¿Lo podría hacer mejor la SICT?
Estas facultades ya estaban en los 90, en la entonces SCT. En términos de recaudación, al ser cobros a concesionarios, es probable que obtengan lo mismo. Pero en la especialización de temas técnicos y complejos, como lo son las telecomunicaciones, la radio y la TV, me parece que perderíamos mucho como país. Ya vimos lo mal que al gobierno le ha salido la implementación del Internet para Todos.
Es cierto que el IFT ha sido timorato en regular al preponderante en las telecomunicaciones y que incluso le han perdonado billonarias multas. Pero en este rubro, la SCT tampoco tuvo mejores resultados en su momento.
Lo que más preocupa, si el gobierno logra avanzar su iniciativa, es que se pondrá en riesgo el régimen de libertad de opinión e independencia editorial que con mucho trabajo se ha construido en los últimos 30 años. Desde 2006, la SCT “despolitizó” los refrendos de concesiones de radio y TV. Con cumplir con obligaciones puntuales, las cuales se revisaban periódicamente, la renovación de la concesión es automática.
Ahora, el Presidente ha dicho en varias mañaneras, al criticar a periodistas, que su gobierno no ha quitado ninguna concesión de radio y TV. La realidad es que no puede, pues estas dependen del IFT, no de su gobierno. ¿Deja ver una intención?
Pero dependencias del propio Ejecutivo federal sí han pasado de la intencionalidad a la ejecución para fines políticos: Adán Augusto López, cuando fue secretario de Gobernación, mandó auditar los tiempos oficiales y hasta cómo transmitía Televisa, diariamente, el Himno Nacional. Buscaba encontrar errores que le ayudaran a obligar a la televisora a dar cobertura a su candidatura presidencial. No encontró errores y tampoco logró la cobertura deseada.
Actualmente, Radiópolis, corporativo que transmite la señal de la W Radio, donde trabajan varios periodistas críticos al gobierno, lleva meses bajo una auditoría del SAT tan “extraña” que le piden pague impuestos hasta por los tiempos fiscales que entrega diariamente y de manera gratuita al gobierno como parte de sus contraprestaciones (desde 1969).
Y, si hubiera duda del riesgo que hay para la libertad de expresión, baste ver el capítulo de Política de medios en la reciente plataforma de Proyecto de Nación 2024-2030 de Morena: 1) se “creará una institución pública de verificación para combatir la creciente infodemia”. Esto significa que el gobierno busca ordenar qué se puede decir y qué no en los medios, y también busca, vía el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR) tomar el control (coordinar) de cualquier televisora que dependa del erario (Canal 11 del IPN, el canal cultural 22 y TV UNAM, entre otras), pero también de las televisoras de los estados (Canal Mexiquense, Canal 44 de la UDG y prácticamente todos los afiliados a la Red de Televisoras Educativas y Culturales de México).
Y sí, un SPR que, a decir del monitoreo electoral que hace el INE, es el medio más desbalanceado del país, cubriendo prácticamente sólo a la candidata de Morena a la Presidencia.
El IFT tiene que mejorar en muchas cosas, pero hasta ahora ha sido garante de la plena libertad de expresión en el país, y justo por ello lo quieren desaparecer. Muy peligroso.
