En el paquete de iniciativas presidenciales para reformar (deformar) la Constitución se encuentra la pretensión de adscribir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Una propuesta que contradice no sólo la reforma que en la materia se pactó en 2019 sino que rompe con una añeja tradición del constitucionalismo mexicano. Veamos.
Ya desde 2019 fue transparente la intención del presidente de crear una Guardia Nacional con mando militar. En aquel entonces el Senado realizó un análisis y discusión de la propuesta y modificó sustancialmente su contenido. Se estableció que la Guardia Nacional sería una institución civil "adscrita al ramo de seguridad pública". Y solo mientras se consolidaba esa nueva institución, "el presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente (por cinco años) en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria". Fue un acuerdo pactado por las diferentes fuerzas políticas refrendado, por supuesto, por las dos Cámaras del Congreso y las legislaturas estatales.
Se revalidaba una larga tradición que arranca desde el Congreso Constituyente de 1856-1857. En aquel entonces se estableció en el artículo 122: "En tiempos de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones, que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar…". En la monumental obra Derechos del Pueblo Mexicano, los autores hacen la glosa de esa disposición: "Los constituyentes de 1856 señalaron desde entonces una preocupación popular que ha sido permanente: garantizar la solidez de las instituciones civiles y evitar que el poder militar pueda anular o desvirtuar la autoridad de las mismas; para alcanzar ese propósito el precepto trata de asegurar que la fuerza militar esté siempre al servicio de las instituciones y sujeta al mandato de las autoridades cuyo poder dimana de la ley". No fue casual que los constituyentes de 1917 lo retomaran tal cual.
Para decirlo rápido y de manera sintética: la seguridad pública desde hace más de siglo y medio debe ser un asunto de policías bajo mando civil y la seguridad nacional de las fuerzas armadas. Y eso es precisamente lo que la iniciativa presidencial trastoca al pretender que el artículo 21 de la Constitución diga: "La Federación cuenta con la Guardia Nacional, fuerza de seguridad pública, profesional, de carácter permanente e integrada por personal de origen militar con formación policial, dependiente de la secretaría del ramo de defensa nacional, para ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública…". La Guardia, si eso fuera aprobado, ya no dependería de autoridades civiles sino de la Sedena y su personal será "de origen militar".
Lo que en el acuerdo de 2019 era transitorio, ahora se pretende que sea permanente. ¿De verdad conviene que los militares sean los encargados de la seguridad pública? Da la impresión que el presidente, que ya les entregó puertos y aeropuertos, aduanas y asuntos migratorios, cree que la fórmula militar debe expandirse por doquier. Profundamente desconfiado de los funcionarios civiles aprecia el método vertical de comportamiento de las Fuerzas Armadas en las cuales, por definición, no existe deliberación y mandar y obedecer son toques de orgullo.
Al parecer, difícilmente se lograrán los votos para modificar la Constitución. ¿Pero vamos a renunciar a reformar y fortalecer las policías porque la seguridad pública será asunto de los militares?
