Sí, preocupante lo que viene sucediendo en las dos instituciones centrales del sistema electoral: el INE y el Tribunal. Ambas fueron creadas para generar confianza en los procesos comiciales, irradiando imparcialidad y certeza. Y preocupa que algunos de los integrantes de la Sala Superior del Tribunal y del Consejo General del INE no han entendido su misión.
Hasta el día de hoy, el secretario general del Instituto, distintas direcciones y unidades técnicas, carecen de titulares aprobados por el Consejo General, y son encabezados por encargados del despacho nombrados por la presidenta. Por otro lado, la Sala Superior del Tribunal está incompleta, porque a pesar de que la Corte envió las ternas al Senado hace meses, éste no ha resuelto (esto último, por supuesto, no es responsabilidad del Tribunal).
Primero un poco de historia. Desde su creación en 1990, el entonces IFE contó con un Consejo General, cuerpo colegiado y máximo órgano de dirección del Instituto y una Junta General Ejecutiva, que como su nombre lo indica, era y es el brazo ejecutor de las tareas del Instituto. En aquel entonces estaba conformada por un director general, un secretario general y directores de las diversas áreas. Estos últimos eran nombrados directamente por el director. Fue en 1993 cuando se decidió que tanto el secretario ejecutivo como los directores serían propuestos por el consejero presidente al Consejo y nombrados por mayoría calificada de votos. La idea era simple, rotunda y pertinente: esos funcionarios debían contar con la confianza de los consejeros, los representantes partidistas y del Legislativo.
Y desde entonces así ha sido. El secretario ejecutivo, los directores y los titulares de unidades requieren 8 votos de 11 en el Consejo General para asumir su cargo. Desde 1994 ya no votan los representantes de los partidos y desde 1996 los del Legislativo porque desde ese año solo los consejeros electorales tienen voz y voto. Como cualquiera pueda imaginar se trata de una operación con ciertos grados de dificultad, porque el presidente del Consejo tiene que argumentar ante sus pares la idoneidad de los candidatos, escuchar a sus colegas y como suele decirse, “tejer acuerdos”. En algunas ocasiones ha sido más sencillo que en otras, pero invariablemente existe una cierta tensión, un estira y afloja, pero que al final redunda en una mayor confianza hacia esos funcionarios y por ello en el INE.
Pues bien, eso no está sucediendo. Como una salida de emergencia, la legislación prevé que, a falta de los titulares de esas sub dependencias, el presidente pude nombrar un encargado de despacho. Fue pensada como una medida transitoria porque las diferentes áreas no pueden quedar acéfalas. Pero, esa fórmula de excepción se está convirtiendo en la regla. De tal suerte que no son pocos los funcionarios de primer nivel del INE que como encargados de despacho se han ahorrado el expediente de ser aprobados por el Consejo.
Tratando de obligar a la presidenta a cumplir con la norma, con una votación de 6 a 5, el Consejo General aprobó un acuerdo en el que se le fijaban tiempos para la presentación de candidaturas. No obstante, dicho acuerdo fue inhabilitado por el Tribunal con una votación de 3 a 2. Lo que por lo pronto genera que la presidenta siga nombrando directamente funcionarios “encargados del despacho”, ahorrándose el tortuoso método de pasar por el Consejo. ¿Volvemos a antes de 1993? Han convertido lo excepcional en norma y con ello minan la necesaria confianza.
