Los últimos días han dejado claro que el gobierno de México parece comprender cómo será la relación bilateral con Estados Unidos en los próximos cuatro años y los riesgos de entenderla mal.

Más allá de dimes y diretes sobre el verdadero contenido y tono de las conversaciones, las primeras interacciones con Donald Trump han producido una reacción inmediata y concreta en el gobierno de Claudia Sheinbaum. Aunque algo tienen de efectismo conveniente, las decisiones sobre la violencia en Sinaloa, el combate al fentanilo e incluso la presencia comercial de China en México (asunto crucial) demuestran que la presidenta entiende que desde México tendrá que dar resultados. No se podrá simplemente capotear la ola de exigencias de Trump. En parte, porque las exigencias de Trump no son solo de Trump: la preocupación por el fentanilo, el crimen organizado en México y el sitio de nuestro país en el tablero geopolítico y comercial (con China y Estados Unidos como antagonistas) son preocupaciones que trascienden las obsesiones personales de Trump. México no puede simplemente ignorar el papel que juega, para bien y para mal, en la dinámica lícita e ilícita del mundo contemporáneo. A su manera mezquina, lo intentó el presidente anterior. La presidenta actual ni siquiera lo va a considerar. O al menos eso parece.

No solo se trata de las decisiones de las últimas semanas. También el tono ha cambiado. Y las palabras que elige el gobierno de México. ¿Cuándo se había escuchado con tanto énfasis la palabra “colaboración” con Estados Unidos en una conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional? Mucho menos en materia de investigación e inteligencia, como anunció Sheinbaum hace unos días.

Los tiempos cambian.

Pero algo parece no cambiar, y es el foco rojo mayor para los próximos años: la asignación de recursos. Es loable el ajuste en el tono y en el discurso, pero el destino de los recursos públicos debe ser una señal de alarma. Para variar, el rubro más preocupante es el que puede representar la crisis humanitaria más grave: la migración.

Incluso en su versión menos severa, la política de deportación de Donald Trump podría forzar a cientos de miles de personas hacia México. Miles de mexicanos podrían ser deportados al país. Quizá millones, en la peor versión del proyecto de Trump. Familias enteras que no conocen México ni se reconocen ya en la realidad mexicana. Un número similar podría ser deportado a Centroamérica o a países como Venezuela, dinámica que previsiblemente generará una ola de presión desde el sur.

México no está preparado para lidiar con algo así.

No lo estuvo en el gobierno anterior. López Obrador juró defender a los migrantes y en cambio los condenó a la zozobra más atroz, negándose a mejorar la infraestructura de albergues del país y erosionando el apoyo que daba el gobierno a la red de refugios que tradicionalmente ayudan a aliviar el sufrimiento de los migrantes. Nunca asignó los recursos suficientes para la atención a refugiados o los distintos aspectos del fenómeno migratorio.

Fue una irresponsabilidad moral que la historia no va a olvidar.

En ese terreno, el gobierno actual ha comenzado con el pie izquierdo. El presupuesto del 2025 registra reducciones dramáticas en los recursos del Instituto Nacional de Migración y la Comar, la comisión que atiende a refugiados. Que la Comar pretenda atender lo que viene con un presupuesto de 2 millones de dólares anuales es ridículo. Tampoco ayuda que el gobierno se ha resistido a nombrar a verdaderos expertos en migración para coordinar estas áreas. Pero el liderazgo es lo de menos. Lo que importa es el dinero asignado.

Hay cosas que simplemente no se pueden hacer a lo barato.

El gobierno necesita ampliar la red de atención a refugiados. Al país le urge invertir en modernizar su red de albergues. Lo contrario implica una condena para los miles de migrantes que viven un auténtico infierno de extorsión, abusos, esclavitud sexual y otras vejaciones en nuestro país. En Estados Unidos, la inversión en personal y mejoramiento de sistemas de atención en los consulados tendrá que concretarse, y para eso también se necesitarán recursos. No está claro que los haya.

Nada de esto realmente es negociable. O nada debería serlo. La llegada al poder de Donald Trump ya supone una condena a la angustia para millones de familias, muchísimas de ellas mexicanas. El gobierno de México es también su gobierno. La asignación de recursos públicos debe reconocerlo así… y pronto.

@LeonKrauze