La reciente historia en la relación entre Estados Unidos y México ha mostrado la lejanía de las formas y el fondo. El vínculo bilateral ha sido complejo, difícil y lleno de escollos. La llegada de López Obrador a la Presidencia en el 2018 y la transformación aderezada de una política de abrazos para las organizaciones delictivas fue el principio del empoderamiento de las mismas que casi seis años después ha colocado al país en el epicentro de un debate público e internacional acerca del papel del Estado mexicano. La falta de certidumbre y la claudicación en el uso legítimo de la fuerza es hoy uno de los retos más importantes para la próxima administración.
No puede ser parte de la discusión pública el argumento lleno de lugares comunes de que la ubicación geográfica estratégica, sumado al fortalecido rol como el primer socio comercial de los Estados Unidos, convierte a México en un destino atractivo para las inversiones.
El paradigma de la cuatroté no es percibido como viable ni ha dado la certidumbre necesaria; así lo han manifestado los mercados y la reciente subasta de bonos a largo plazo del Banco de México y de forma paralela, el comportamiento del tipo de cambio. Ello enmarcado en los resultados del proceso electoral, la ausencia de contrapesos y una aplanadora legislativa morena que al parecer actuará conforme a la agenda dictada por el dedito presidencial.
La volatilidad está presente y aunque la percepción puede no reflejar la realidad objetiva de manera precisa, para el individuo, su percepción es su realidad. López Obrador a menudo intentó moldear la percepción pública para administrar un caos y evidente desorden en la coordinación e implementación de políticas públicas entre su gabinete donde varios extraviaron el camino y lo pavimentaron de corrupción y tráfico de influencias. Los resultados están a la vista.
El país está inmerso en una escalada de violencia sin precedentes. El gatillo delincuencial hace tiempo ha cruzado el Rubicón en el ánimo de nuestro principal socio comercial. La aplicación del “hard power” alrededor del asunto sobre la exportación del aguacate y del mango no deja lugar a dudas; el uso de medios coercitivos para influir y/o presionar en el comportamiento del gobierno mexicano ante la impunidad delictiva que cogobierna en regiones enteras, es una poderosa señal de la molestia y hartazgo de la administración estadunidense. El mango y el aguacate revelan el tamaño de la crisis de (in)seguridad.
¿Cómo hablar de nearshoring, de una política industrial y de ser un país atractivo para la inversión?
El desafío para dar certidumbre es descomunal.
Se entienden así los primeros nombramientos que Sheinbaum anunció el día de ayer. El primer trazo de un gabinete que luce moderado y premeditado para enviar señales y tranquilizar un mercado que muestra nerviosismo por el cacareado “Plan C”, por el tamaño del déficit pero en cierta medida también por el torbellino de la elección presidencial de los Estados Unidos en noviembre, la revisión del T-MEC y sus secuelas en la región.
¿Será suficiente el anuncio para apaciguar las formas y el fondo de las aguas en la esfera financiera y en la burbuja política?
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