En cuanto a salud, el gobierno de Claudia Sheinbaum camina en el mismo sendero que el de Andrés Manuel López Obrador. La compra consolidada de medicamentos puede ser el primer ejemplo de que en este sexenio se tendrán resultados similares a los del pasado.

Las empresas involucradas en la industria farmacéutica empiezan a ver con preocupación los primeros retrasos de un proceso en el que, se aseguraba, se tenía “todo calculado”. El problema en este caso no es el retraso de más de una semana en el calendario programado, sino el desconocimiento del mercado que las autoridades involucradas siguen demostrando.

Desde la presentación del proyecto que en conjunto hicieron el secretario de Salud, David Kershenobich, y su subsecretario del ramo, Eduardo Clark, se supo que el algoritmo que detallaron para cumplir con la meta de surtir de medicamentos a todas las instituciones del sistema sanitario estaba equivocado y que tendría que corregirse en el camino para evitar una crisis de desabasto.

La decisión de dejar fuera a los distribuidores de una primera etapa de la compra por 130 mil millones de pesos podría representar un problema. Bajo la premisa de acabar con los “intermediarios”, el gobierno convocó únicamente a laboratorios propietarios de registros sanitarios de medicamentos ante Cofepris; con esta operación de limpieza se hizo más complicada la labor de garantizar la adquisición de 5 mil millones de piezas de fármacos.

De entrada, se dejó fuera de la jugada a laboratorios nacionales que, aunque son propietarios de registros sanitarios, tienen una producción limitada, por lo que no son aptos para competir por un contrato que involucra a millones de unidades. Son los mismos que en el pasado dependían de la participación de los distribuidores, quienes conjuntaban la producción de los pequeños jugadores para hacer su propia oferta de fármacos.

Ahí estaba el negocio de firmas como Dimesa, Maypo, Fármacos Especializados y otro centenar de compañías que aseguran tener la capacidad de brindar cobertura al total de unidades médicas del sistema de salud en territorio nacional, con unidades de transporte que garantizan temperatura y condiciones controladas, aunque igualmente envueltas en señalados escándalos de corrupción.

El asunto es que, tanto Kershenobich como Clark, cayeron en cuenta que la oferta única de fármacos con registro sanitario mexicano no alcanza para cubrir la meta de adquisición planteada, y si bien mantienen la puerta cerrada a los distribuidores en esta primera etapa de la compra, tuvieron que modificar el plan original ante proyecciones que apuntaban a que no se alcanzaría una cobertura ni siquiera del 50% de las piezas solicitadas.

El pasado 4 de diciembre, la Secretaría de Salud publicó en el Diario Oficial de la Federación un Acuerdo para facilitar la introducción de medicamentos de laboratorios internacionales que desean participar en la megacompra, sin importar que sus fármacos carezcan del registro ante Cofepris. El producto provendrá de Estados Unidos o de países europeos y tendrá un periodo de gracia para validar su registro ante la autoridad sanitaria mexicana.

A esto se refería el subsecretario Eduardo Clark cuando aseguraba que el retraso en el procedimiento de compra tenía que ver con modificaciones técnicas realizadas para asegurar una licitación internacional. La premisa de solo aceptar propuestas provenientes de laboratorios propietarios de registros se mantiene, con la salvedad de que ahora estos podrán tramitarse después de que la compra haya sido realizada.

Se asegura que esto es apenas el principio de un gran número de problemas, sobre todo ante la posibilidad de que la Cofepris empiece a expedir registros al vapor. Tampoco se tiene mucha confianza en la plataforma que diseñó el equipo de Pepe Merino para este proceso, pues podría fallar como falló en su momento la tecnología para el registro de la elección judicial.

Posdata 1

Al buen entendedor, pocas palabras. A pesar de que el coordinador de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, dijo ayer entre videos y publicaciones en redes sociales que no pretendía seguir “la guerra” contra Adán Augusto López, en los hechos, las cosas son diferentes.

De entrada, por instrucciones de Monreal no se convocará a la Cámara de Diputados a realizar un periodo extraordinario de sesiones para atender la minuta que envió el Senado, por órdenes de Adán Augusto López, para modificar la Ley del Infonavit y la Ley Federal del Trabajo en materia de vivienda social.

El proyecto se discutirá hasta 2025, ya que se necesita un mayor tiempo de análisis así como profundizar el diálogo con el sector privado, según Monreal. “No vamos a precipitar la aprobación de ella. Estamos otorgando un espacio de tiempo para estudiarla, para la reflexión y para la discusión civilizada entre nosotros”, dijo Monreal.

El diputado de Morena expuso que ha conversado con empresarios, sindicatos y coordinadores de grupos parlamentarios sobre ese dictamen y le “han pedido” que se valore “más esta minuta”. Y tiene razón, aunque de fondo está el pleito casado con Adán Augusto López que no se pudo arreglar este lunes con la prometida foto que lograría la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

Posdata 2

De hecho, se asegura que en Palacio Nacional no vieron con buenos ojos la aprobación de la reforma al artículo 42 de la Ley del Infonavit, con la que el gobierno tendrá la mayoría en los comités del organismo que dirige Octavio Romero Oropeza y asumirá el control de un fondo de 2.4 billones de pesos.

La presidenta Claudia Sheinbaum dejó este proyecto en manos del ala dura de Morena, por petición de su antecesor Andrés Manuel López Obrador, quien tiene claro que el de la vivienda es el sector perfecto para hacer base social.

El problema es que los resultados de ese ambicioso programa de vivienda podrían no beneficiar directamente al grupo político de Sheinbaum, como sucedió en la CDMX, donde el trabajo del Invi y la política de vivienda terminó impulsando al grupo de Martí Batres.

Posdata 3

Este martes está programada la audiencia de Almudena “N”, la hija del fundador de Unifin, Rodrigo Lebois.

Un juez decidirá si la exconsejera de Unifin será vinculada a proceso por el delito de defraudación, uno de los mayores escándalos financiero de los últimos años.

La audiencia de vinculación se llevará a cabo en el Reclusorio de Barrientos en el Estado de México, donde Almudena “N” pasó una noche tras ser detenida el pasado jueves 12 de diciembre por elementos de la policía de investigación de dicha entidad.

A Almudena “N” le cargan los presuntos delitos que cometió su padre Rodrigo Lebois Mateos, quien a través de un esquema fraudulento y con dinero de la banca comercial, la banca de desarrollo y otros inversionistas institucionales, habría utilizado a Unifin para catapultar su fortuna.

Unifin, que salió del concurso mercantil a principios de este año, enfrenta litigios con diversas instituciones que acusan a la empresa de hacer un mal uso de los créditos que obtuvo, un mecanismo que terminó quebrantando a los ahorradores de la banca privada y tenedores de acciones de la compañía.

Hoy se sabrá si la protección que se intentó brindar desde una ala del gobierno federal, particularmente desde la Secretaría de Hacienda, seguirá surtiendo efecto, incluso asediando a divulgadores de la información, o si se permitirá que la justicia haga su parte.

@MarioMal