Hace una semana, la presidenta Claudia Sheinbaum y el director general de Pemex, Víctor Rodríguez, reconocieron que el crudo mexicano enfrenta un problema de exceso de agua y salinidad. "Es algo que es normal no solo en Pemex, sino en muchísimas petroleras del mundo. Es coyuntural y además hay manera de resolverlo. Hay mecanismos técnicos que permiten quitarle la salinidad y que puedan entrar a cualquier refinería”, dijo tajante la jefa del Ejecutivo federal.

Lo que no se dijo es que esta crisis –que no es tan “normal”– es consecuencia de una disputa legal gestada en medio de la falta de pagos a proveedores y contratistas, y en la que ha participado activamente la Dirección Jurídica de Pemex para alterar la estructura del consorcio encargado de la desalinización y deshidratación del crudo en la Terminal Marítima Dos Bocas.

El conflicto estalló en diciembre de 2024, cuando QMAX, una empresa con funciones meramente administrativas dentro del consorcio, emprendió una ofensiva legal contra Química Apollo, líder del servicio desde la firma del Acuerdo Referencial (ACREF).

Tras iniciar litigios civiles y penales, QMAX logró que el subdirector Jurídico Contencioso de Pemex, Rodrigo Loustaunau Martínez, la designara como nueva líder del consorcio. Esta jugada no solo le dio control total sobre el servicio, sino que también le garantizó el acceso a los pagos del ACREF, cuyo valor es de 11 mil millones de pesos.

Y se suma a la incertidumbre que no hay un consenso dentro de la propia petrolera. La Gerencia de Abastecimiento de la Dirección Corporativa de Administración y Servicios advirtió a la Gerencia Jurídica Contenciosa de Pemex, a cargo de Arturo Soto, sobre las inconsistencias en la modificación de los contratos como la ausencia de un convenio modificatorio solicitado por el Administrador del Proyecto y la falta de una póliza de fianza.

Además de la celeridad con la que la decisión fue tomada, se ha puesto en duda si QMAX, que apenas el año pasado logró un acuerdo con acreedores para salir de concurso mercantil, pueda normalizar la calidad del crudo en tiempo récord, a más tardar el 22 de febrero, según la estimación de 10 días hecha por la Presidenta en su conferencia del 12 de febrero.

El reto no es menor. Las medidas cautelares impuestas durante el litigio impiden que tanto los químicos como el personal especializado de Química Apollo sean parte de la solución, lo que ha dejado más de mil toneladas de producto varadas a pocos kilómetros de la Terminal Marítima Dos Bocas.

Esta crisis no solo amenaza con corroer la infraestructura del Sistema Nacional de Refinación, indispensable para lograr la meta de soberanía energética plasmada desde el sexenio pasado, sino que también repercute en las de por sí comprometidas finanzas de la empresa, que acumula una deuda financiera equivalente a 5.6% del PIB del país estimado para 2024 en los Criterios Generales de Política Económica 2024, según cálculos del Instituto Mexicano para la Competitividad.

La ironía es que la propia Pemex reconoce el riesgo. Un dictamen técnico incluido en el oficio de sustitución de liderazgo del consorcio Química Apollo-IMP-QMAX advierte que el tratamiento del crudo es imprescindible desde 2004 y que su ausencia pone en peligro la infraestructura mecánica de Pemex Exploración y Producción, Pemex Logística y Pemex Transformación Industrial.

Asimismo, advierte que la falta de este proceso obliga a ofrecer descuentos en el precio del crudo en los mercados internacionales.

Muchas preguntas al respecto. ¿Al nuevo director de Pemex lo “chamaquearon” con el tema y le están haciendo pasar un ridículo internacional, o es parte del acuerdo?; ¿a la presidenta Sheinbaum le están diciendo la verdad?; ¿cuál es la responsabilidad de la secretaria de Energía, Luz Elena González en la supervisión y revisión de este negocio de Pemex?; ¿quién está detrás de la inexperta empresa QMAX?

Posdata 1

Como era de esperarse, la designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas por parte del gobierno de Estados Unidos ya es un hecho, y ahora las autoridades mexicanas, tanto financieras como de seguridad, tendrán que reforzar sus políticas de supervisión y sus medidas antilavado para evitar que todo tipo de empresas y entidades de gobierno sean incluidas como parte de una red de colusión con el crimen organizado.

No obstante lo delicado del asunto, la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, dijo este miércoles que la designación por parte del gobierno de Donald Trump no implica un cambio en el marco regulatorio mexicano. Vaya forma de tomarlo a la ligera.

Durante la presentación del informe trimestral octubre-diciembre del 2024, Rodríguez Ceja aseguró que México cuenta con un marco regulatorio robusto en materia de prevención de lavado de dinero, así como en combate al financiamiento al terrorismo.

La gobernadora recordó que México es parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el cual establece los estándares y parámetros que se deben seguir y en la que el país sale bien evaluado.

Agregó que hay una aplicación estricta de estas normas que son emitidas por la Secretaría de Hacienda y supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Según la gobernadora, la banca monitorea la lista de personas físicas y morales sospechosas de actividades ilícitas de la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) y en caso de detectar algo sospechoso se actúa. Luego se notifica a la Unidad de Inteligencia Financiera para posteriormente cancelar la o las cuentas, y en caso de que se detecten riesgos adicionales, estos se atienden a través de la infraestructura del marco regulatorio.

No cabe duda que las autoridades financieras del país, en lugar de tomar la medida del gobierno de Trump como una oportunidad para reforzar la vigilancia y contrarrestar el lavado de dinero, entre éste el de las remesas que llegan a México, prefiere cerrar los ojos o voltear a otro lado.

La postura de la gobernadora de Banxico se dio horas después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos designó a seis grupos delictivos mexicanos como organizaciones terroristas, entre las que están el Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel del Noreste, Cárteles Unidos, Cártel del Golfo y Nueva Familia Michoacana.

Posdata 2

Además del secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, otro funcionario del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido clave en la cooperación y compartición de información con Estados Unidos. Se trata del almirante secretario, Raymundo Morales, quien fue agregado Naval Adjunto en la Embajada de México en ese país.

En el caso de la Marina, al igual que la Secretaría de Seguridad, lleva tiempo compartiendo información con los Estados Unidos y con sus agencias de inteligencia. Por ello el presidente Donald Trump dijo en el foro de Davos, en enero pasado, que las relaciones con México “van bien”, y este miércoles elogió a Sheinbaum, a quien calificó como “una mujer maravillosa”, entre otras cosas por la idea de realizar una campaña informativa contra las drogas, la cual replicará en su país con una inversión inicial de 100 millones de dólares.

Morales Ángeles fue director del proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, uno de gran interés para los estadounidenses por el potencial que tendría para mejorar su posición comercial y política frente a los países asiáticos, y como una opción también al Canal de Panamá.

El almirante Morales tiene, por otro lado, el gran reto de reforzar las labores de inteligencia, sobre todo en las rutas que van desde los puertos del Pacífico hasta la frontera, para frenar la entrada y salida de drogas, por lo menos en las aduanas marítimas.

Posdata 3

Y hablando de los temas más delicados de México con Estados Unidos, los cuales van a tratar el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y el de Economía, Marcelo Ebrard, en Washington este fin de semana, está el de los migrantes.

La instrucción del Ejecutivo federal es que los gobiernos estatales apoyen la estrategia. Uno de los estados de donde más mexicanos han emigrado a Estados Unidos es Guerrero, cuyo gobierno, a cargo de Evelyn Salgado, trabaja en atender que sean repatriados con el programa “Guerrero Te Respalda”, que fue presentado en el Club Migrantes de Sasamulco, Illinois.

Personal de la Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales de Guerrero estuvo en los Estados Unidos para exponer a los guerrerenses que residen en este país que cuentan con el apoyo, asesoría y acompañamiento del gobierno estatal, así como con la gestión de programas que impulsen su bienestar y el de sus familias en caso de que regresen al estado.

@MarioMal

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