La reunión de Claudia Sheinbaum con el sector empresarial fue buena, a secas, porque hasta ahora quedó solamente en buenos deseos: ni la iniciativa privada tiene plena certeza de que los van a tomar en cuenta en las reformas constitucionales que van a votarse a partir de septiembre, ni la próxima Presidenta de México tiene la última palabra sobre éstas, pues quedarán en manos del Congreso federal y del todavía Presidente en funciones, Andrés Manuel López Obrador, quien ya dijo que “la justicia está por encima de los mercados”.

Y si bien los empresarios del Consejo Coordinador Empresarial, del Consejo Mexicano de Negocios o del Grupo Monterrey no son propiamente “el mercado”, sus empresas y las fluctuaciones del tipo de cambio sí se rigen por los fondos y gestores de activos globales; es decir, los mercados financieros.

Por eso, la volatilidad del tipo de cambio que se ha generado por la aplanadora de Morena y el “Plan C”, si bien ha beneficiado a los exportadores, los receptores de remesas y el turismo, también ha afectado al gobierno mexicano, que tiene que pagar una prima de riesgo más alta a los tenedores de su deuda, y por supuesto a los importadores, entre otros sectores.

Tales reacciones son apenas el inicio de una panorama que puede tornarse peligroso, sobre todo si se materializan las reformas constitucionales, empezando por la judicial, pues ya lo dijeron Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal y Adán Augusto López —este último en privado—: “No van a haber cambios sustanciales a la iniciativa del presidente López Obrador”. Es decir que la elección de jueces, magistrados y ministros mediante el voto popular es un hecho.

A lo que más pueden aspirar los empresarios es a que, como dije ayer, la reforma judicial incluya “candados” institucionales que apunten a la independencia y autonomía del Poder Judicial, de manera que la votación popular sea solamente un referéndum de lo que ya definieron los tres Poderes de la Unión.

Sin la certeza de que el proceso de selección de idoneidad y elegibilidad de los jueces, magistrados y ministros será estrictamente vigilado, la confianza de los empresarios e inversionistas se erosionará inexorablemente, con un pronóstico reservado para la economía nacional.

Entonces, la reunión de más de 300 empresarios con la próxima presidenta de México, si bien es un buen primer paso, no asegura nada. Como lo dijo el presidente del Consejo Mexicano de Negocios, Rolando Vega, si bien entienden el origen de las propuestas de Morena, estas “no parecen resolver los problemas que les dieron origen”, hablando no solo de las iniciativas para reformar el Poder Judicial, sino el sistema electoral y los organismos autónomos.

De esta forma, las inversiones por 42 mil millones de dólares que anunció el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, las cuales se ejecutarían en los próximos meses por parte de empresas nacionales e internacionales, la realidad es que dependerán del contenido y aprobación de las reformas constitucionales.

Así que los grandes empresarios mexicanos y extranjeros, al igual que los inversionistas financieros, están a la espera y, como se dice en el póquer, “pagando por ver”.

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Mientras tanto, Jane Fraser se apareció en Palacio Nacional este miércoles. La reunión de la CEO de Citi fue con la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum y, según fuentes del banco, no estuvo presente el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Fraser estuvo acompañada de Ernesto Torres Cantú, director de Citi Internacional, y de Manuel Romo, director General del Grupo Financiero Citibanamex, quienes felicitaron a Sheinbaum por su triunfo el 2 de junio.

El objetivo de la visita fue intercambiar ideas sobre las oportunidades que ofrece el país en los próximos años y el respaldo de Citi a los

proyectos económicos y con bienestar compartido que ha planteado la presidenta electa.

Se habló también de la volatilidad que han tenido los mercados por la apabullante mayoría del partido oficial y la concentración de poder. Sheinbaum presentó el panorama de estabilidad económica y financiera que ha expuesto a los empresarios e inversionistas en los últimos días, mientras que Fraser elaboró sobre la separación de los negocios de Citi y Banamex, la cual sucederá durante el segundo semestre del 2024.

Sheinbaum es la primera mujer en ser presidenta de México y Fraser la primera mujer elegida para dirigir uno de los bancos más relevantes y emblemáticos de Wall Street.

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La reforma al Poder Judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene dos componentes: la revancha contra jueces, magistrados y ministros que frenaron o retrasaron sus proyectos de gobierno, y el otro que efectivamente es combatir los vicios, la corrupción y las malas prácticas de un gremio que, argumentando independencia y autonomía, se ha resistido a ser confrontado.

La mira de López Obrador está puesta principalmente sobre la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, así como sobre los ministros que AMLO considera que lo “traicionaron”, porque él los propuso, como Juan Luis González Alcántara y Margarita Ríos-Farjat. No se diga los emanados de gobiernos anteriores, como Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Pardo y Luis María Aguilar. Se antoja muy difícil que, tras la disolución de la Corte, estos perfiles regresen a cargos relevantes del Poder Judicial si pasa la reforma constitucional como está planteada.

A estos ministros y ministras se les considera como parte de “la resistencia” a las leyes del llamado Plan B y al decreto por el que se les daba la categoría de Seguridad Nacional a las obras prioritarias del sexenio.

Los integrantes de la Corte mayoritearon en las votaciones de trascendencia a los ministros cercanos a la 4T: Arturo Zaldívar Lelo, Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel.

Es de esperarse que también queden fuera del Poder Judicial perfiles como el del hoy magistrado Juan Pablo Gómez Fierro, quien como juez de Distrito en Materia Administrativa otorgó suspensiones que entorpecieron la contrarreforma energética de López Obrador y la creación del polémico Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil; otro es el del Juez Décimo de Distrito en materia Administrativa, Roberto Fraga Jiménez, que impidió el paso, por decreto, de la Guardia Nacional a la Sedena, o el del juez Adrián Novelo Pérez, que mediante amparos detuvo las obras del Tren Maya.

La guadaña de la Reforma Judicial está dirigida a los enemigos del régimen; pero en el camino se pueden afectar intereses de algunos aliados. Por ejemplo, se duda que el voto popular beneficie a Yasmín Esquivel, Lenia Batres o Loretta Ortiz, a menos de que el poder Ejecutivo y Legislativo las vuelvan a proponer y vayan pasando los filtros. Ninguno de ellos, además, tienen asegurada la pensión de 200 mil mensuales que se preparaba para su retiro.

@MarioMal